En un giro significativo de su política de defensa, el gobierno de Javier Milei ha formalizado un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos que establece el denominado “Programa para la Protección de los Bienes Comunes Globales”. Esta iniciativa, que tendrá una duración inicial de cinco años, busca fortalecer de manera conjunta las capacidades de vigilancia, control y seguridad marítima en el Atlántico Sur.
Argentina habilitó a Estados Unidos a patrullar el Atlántico Sur
El acuerdo fue anunciado por el por el propio Comando Sur de Estados Unidos, organismo dependiente del Departamento de Defensa norteamericano encargado de las operaciones militares en América Latina y el Caribe.
Equipamiento y tecnología de punta
El núcleo del acuerdo reside en el fortalecimiento operativo de la Armada Argentina. El programa contempla la provisión de dos aeronaves Textron B-360ER MPA completamente nuevas, diseñadas específicamente para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR). Según el cronograma oficial, la primera unidad llegará al país en diciembre de este año, mientras que la segunda se incorporará a mediados de 2027.Además de los aviones, el pacto incluye:
- Drones con capacidad de despegue y aterrizaje vertical para operar desde patrulleros oceánicos.
- La entrega de cámaras especializadas de alta definición (Wescam MX-10) para aeronaves ya existentes, como el Beechcraft B-200M Cormorán.
- Un simulador para el entrenamiento de las tripulaciones de los aviones P-3C Orión recientemente adquiridos.
- Transferencia de tecnología, entrenamiento de élite y apoyo operativo para interceptar amenazas marítimas.
Objetivos estratégicos y el factor China
El principal objetivo del convenio es ampliar el control sobre la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina. Un punto clave de la agenda geopolítica es combatir la pesca ilegal y la depredación de los recursos por parte de flotas extranjeras —principalmente de origen chino— que operan en el límite de la milla 200.
Desde la Embajada de Estados Unidos, encabezada por Peter Lamelas, se subrayó que esta asociación busca "fortalecer la seguridad regional" bajo la premisa de que ambos países son "más fuertes y seguros juntos". Es importante destacar que las fuentes oficiales aclararon que estas tareas de monitoreo se realizarán exclusivamente en aguas bajo control argentino y no incluyen el área en disputa con el Reino Unido por las Islas Malvinas.
Controversia por la soberanía y el concepto de "bienes comunes"
La firma de la Carta de Intención —rubricada por el contraalmirante Brandon Sardiello (IV Flota de EE. UU.) y el almirante Juan Carlos Romay (Armada Argentina)— no ha estado exenta de críticas. Sectores de la oposición han cuestionado la terminología del acuerdo y la falta de un anuncio oficial inicial por parte del Ministerio de Defensa argentino, ya que la noticia fue difundida primero por la Embajada estadounidense y el Comando Sur.
Uno de los puntos más debatidos es la denominación del Mar Argentino como un "bien común global". Críticos como Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, sostuvieron que el Atlántico Sur es un espacio donde Argentina debe ejercer su propia jurisdicción y que esta terminología podría implicar una cesión de soberanía o autonomía en materia de control territorial.
Alineamiento geopolítico
Este acuerdo consolida el estrecho vínculo que la gestión de La Libertad Avanza mantiene con Washington. Este alineamiento ya se había manifestado previamente con gestos de alto impacto, como la visita del presidente Milei al portaaviones USS Nimitz. Para el gobierno nacional, esta cooperación es una herramienta indispensable para modernizar unas Fuerzas Armadas que requieren tecnología avanzada para custodiar recursos estratégicos frente a desafíos globales complejos.