Ahora sin Orihuela, no descartan terminar con lo vitalicio de su cargo

Este planteo de terminar con lo vitalicio de la Defensoría lo hizo enérgicamente hace una década uno de los diputados más respetados del justicialismo, Eduardo Leonardelli.      

La nueva Constitución de 1986 planteó en San Juan una gran variedad de cambios respecto a su antecesora de 1927. Uno de ellos fue la creación de institutos modernos como el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. Orihuela, de extracción bloquista que era el partido dominante de esa época, había sido electo diputado provincial y en octubre de 1987 renunció a la banca para asumir como defensor del Pueblo, puesto para toda la vida salvo que se observara mala conducta o renunciara.

En 2008 Leonardelli, quien por entonces era vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Provincia, cuestionaba el carácter de vitalicio del Defensor del Pueblo y los Defensores Adjuntos, aclarando que era "un principio institucional, no personal".  El legislador presentó el proyecto de ley para terminar con lo vitalicio bajo el fundamento que "la periodicidad es un requisito propio del sistema democrático". Pero no se avanzó políticamente en la cuestión –el bloquismo y el PJ son socios electorales desde 2006- y nunca la ley pudo ver la luz. En octubre de 2008, Leonardelli falleció.

Ahora, consultadas altas fuentes legislativas, no descartaron volver al ruedo con la iniciativa impulsada por Leonardelli, quien además consideraba inconstitucional que la remoción del Defensor del Pueblo sólo sea por juicio político. El contexto político es otro, y con el cargo vacante, hay menos sensibilidades que herir.  

La vacante es todo un tema. Es un cargo muy apetecible, con una cuota interesante de poder y muy bien rentado. Debe ser designado por la Cámara de Diputados. Al ser creada la institución se estableció que “será  designado  para  la  defensa  de  los derechos comprendidos  en  la  sección primera de esta Constitución  y aquellos cuyo ejército, por  tratarse de intereses difusos o derechos  colectivos,  no puede ser  promovido por persona o grupo de personas en forma individual. En  el ejercicio de la acción de amparo por amenazas o violación de  tales  derechos  o  intereses,  tiene  participación necesaria y la  representación conjunta con los interesados”.