El costo de los “errores”: todos juntos, menos que la veredita

“Yo no acciono por menos de $10 millones”, dijo un reconocido abogado sobre qué precio le pondría a una hipotética acción civil del electricista Brizuela contra el Estado por haberlo mantenido detenido durante más de 3 años por un abuso sexual contra su hija que presuntamente no existió. Imaginando que la impulse y la gane, y se le sumen todos los juicios contra el Estado pendientes por los casos más resonantes de los últimos años, la suma no sobrepasaría lo que ya se pagó por apenas uno de los expedientes del escándalo de las expropiaciones: la veredita de 1.500 m2 caratulada como “Ruiz, Guillermo”, por la que Santiago Graffigna embolsó $25 millones.
El caso de Oscar Brizuela estalló la semana pasada, cuando la Corte revocó el fallo que lo había condenado porque el ilícito investigado –una presunta violación a su hija- se habría producido en otra jurisdicción, provincia San Luis. En consecuencia, el damnificado anunció que iría por un resarcimiento económico por ese tiempo que estuvo injustamente detenido. Los abogados locales varían en cuanto a qué suma podría reclamar: van desde los 2 a los 10 millones de pesos, por privación de la libertad, lucro cesante y daños. Igual, esas sumas terminan siempre siendo negociadas y partiendo diferencias para poder cobrar.
Este caso despierta también varios interrogantes. El más importante es: ¿cualquier persona que estuvo detenido y luego es declarado inocente o recibe una falta de mérito, tiene la puerta abierta para reclamar un pago económico? La respuesta que dan en Fiscalía de Estado es que rotundamente no, y que depende del nivel del agravio y los daños que se reclame. Los jueces tienen por herramienta la prisión preventiva, aplicable cuando hay fuertes indicios, y nadie puede reclamar contra su uso.
Pero hubo casos célebres en los últimos años que recalaron en Tribunales en reclamo de sumas indemnizatorias. Uno de ellos es el caso Balmaceda, los hermanos que estuvieron detenidos y acusados por el presunto homicidio de la psicóloga María Rosa Pacheco de Balmaceda, esposa de uno de ellos. Juan José –el esposo- y Jorge –el cuñado- estuvieron dos años y medio detenidos y cuando salieron hicieron una acción civil. La rechazó el juez Carlos Macchi –justamente ahora sometido a jury por sus fallos millonarios contra el Estado, incluido el de Ruiz Guillermo- y ahora está apelado en la Corte. Pidieron $1,4 millones, que actualizados por cinco años podrían llegar al doble si lo ganan (aplicando un cómputo moderado, no el de los escándalos de expropiaciones), aunque hasta aquí lo perdieron.
Caso parecido es el Fornasari, el empresario que quedó detenido acusado por instigar el intento de homicidio de otro empresario, Hugo Naranjo, quien sobrevivió milagrosamente a una balacera en la cabeza y a un intento de ser quemado vivo. Por esa causa, paga con cárcel el autor material, un comisario retirado de apellido Pereyra, mientras que Fornasari quedó desvinculado por un fallo de la Corte. En libertad, reclamó un pago económico por los daños de haber estado en cautiverio: pidió $ 2,2 millones y su caso aún permanece sin resolución en el fuero contencioso administrativo.
Sin llegar a ser pedidos por presuntos daños por estar en prisión, hubo otros casos de alto impacto social que también terminaron en reclamos civiles, de dinero contra el Estado por presuntos daños. Uno de ellos es el de la tragedia del dique Cuesta del Viento, tres personas que iban embarcadas en una lancha que naufragó por el viento y fallecieron.
Hay cinco demandas civiles en Tribunales por este hecho, en juzgados distintos, las de las tres familias con fallecidos y las de otras dos con heridos. Ninguna está aún con resolución en firme para que sea abonada y aún en Fiscalía están siendo peleadas. Los montos alcanzan en algún caso los $5 millones, pero la resolución está pendiente. Reclaman que no había un puesto fijo de control en ese momento, que era un concurso de pesca. La provincia argumenta que en la competencia se resolvió su finalización por razones climáticas y se anunció que llegaba viento, y que la embarcación decidió quedarse. Está peleada, se puede ganar o perder, y seguramente señalará el camino el primer juzgado que resuelva.
También esta semana fue la audiencia de mediación de un caso relacionado. Se trata de la bailarina Mariana Amante, quien demandó al Estado por haber sido una de las víctimas de la caída del escenario en el ensayo general de la Fiesta del Sol del año 2011. La mujer reclamó un pago de $1,5 millón y no hubo acuerdo con las pretensiones de la provincia. Igual, en este caso el estado considera que podría trasladar el peso del pago indemnizatorio a la empresa organizadora del evento, al menos de manera solidaria, lo que le aliviaría la carga. Un caso parecido a lo que ocurre con Brizuela, quien fue liberado por la Corte ante errores de los magistrados que intervinieron en primera instancia, cámara y fiscales, y analizan endosar el costo a esos funcionarios.
En el peor de los escenarios, sin margen para negociar pagos intermedios y perdiendo todas las sentencias de estos casos y obligados a pagar, estos cinco episodios no alcanzan en sumas remunerativas lo que ya se pagó por sólo una de las parcelas investigadas en la megacausa de las expropiaciones.
En los casos Balmaceda, Fornasari, Amante, las víctimas de la tragedia de la lancha o la eventualidad del reclamo de Brizuela, con sus actualizaciones por intereses y siempre según la hipótesis más pesimista de perder todos los casos, la provincia no tendría que abonar tanto dinero como desembolsó por la vereda de apenas 1.500 m2 de Toranzo y San José: $25 millones, de acuerdo a un fallo de Carlos Macchi cobrado por Santiago Graffigna, que incluye un convenio dudoso con la Fiscalía para acelerar el pago. Es el terreno más chico de todos los que conforman la investigación de este escándalo.