Alto voltaje en la radio: el fiscal atacó con dureza y el juez se defendió

Lo que prometía ser el primer cruce de alto voltaje en la investigación por el escándalo de las expropiaciones en San Juan, finalmente se cumplió. Reunidos por el periodista Ricardo Olivera, el fiscal de Estado Guillermo De Sanctis y el camarista, ex juez del Cuarto Civil y presidente del Colegio de Magistrados, Roberto Pagés LLoveras, se sacaron chispas sobre las responsabilidades del juez en este escándalo que le costó al Estado provinciales cientos de millones de pesos.
De Sanctis hizo especial hincapié en la causa “Ricardo Luna”, por un terreno localizado en Cuesta del Viento que fue el primero en el que se cambió el criterio de tasación y las sumas saltaron a cifras escandalosas porque se pasó de un criterio rural a uno urbano y el valor del metro cuadrado se multiplicó por diez. Ese fue un proceso llevado a cabo por el abogado Santiago Graffigna –como la mayoría de las causas bajo sospecha en este escándalo- y tramitado en el Cuarto Juzgado, a cargo de Roberto Pagés. Por eso el fiscal cuestionó el desenvolvimiento del juez indicando que “cambió el paradigma de tasación de los inmuebles y abrió la puerta del infierno”. “El precio oscilaba entre $0,50 o $0,80. Estaba en el orden de los $1.600, $1.800 la hectárea hasta la época del plenario Luna”, disparó.
Pagés Lloveras se defendió argumentando que él no es un especialista y que para eso están los auxiliares del derecho, como el Tribunal de Tasaciones, de cuyo plenario surgieron las cifras que cuestiona el fiscal. Y también apuntó a la función de la Fiscalía de Estado, que ahora comanda De Sanctis, pero que en el momento de los hechos estaba en manos de Mario Díaz, sobre quien pesa un pedido de indagatoria como sospechado. “Yo tomé un plenario para fijar el valor de una expropiación en $750.000, no puedo considerar que es una grave irregularidad del juez considerar el valor dado por el tribunal”, dijo.
Para reforzar su postura de tirar la pelota al lado de la Fiscalía conducida por Díaz, Pagés dijo: “Esa sentencia fue apelada sólo por la demandada porque había eximido de costas en un 50% a la provincia”.
Pero De Sanctis volvió a la carga y le dijo: “Yo he puesto en duda el desempeño de un juez y so no debería enojar tanto a un juez. Puede ser un error de derecho o hasta la connivencia en la corrupción más grande. No se enoje porque puede ser un error también. Se investiga a todos los actores que pudieron haber actuado en esto que tuvo un resultado nefasto para los sanjuaninos. Hoy los sanjuaninos han pagado en los últimos 10 o 15 años 150 millones de pesos y pesa sobre todos los sanjuaninos una especie de deuda interna de no menos de “3.000 millones que hemos logrado parar gracias a una medida cautelar”.
También le dijo que “no podía no darse cuesta” de la maniobra que se estaba consumando en el Tribunal de Tasaciones, y que, por el contrario “terminó convalidando y haciendo suya”. ¿A qué se refirió? Primero, a la constitución del Tribunal: “está integrada por tres  miembros permanentes y otros tres transitorios, pero de éstos últimos no fue ninguno a ese plenario, como tampoco el perito de fiscalía. Así que sólo fueron los permanentes y el perito de Graffigna, de apellido Bustos, y terminaron cambiando el criterio de tasación”. Pagés respondió: “¿cómo podía saber yo que no estaban todos?”. “Están las firmas”, le disparó De Santis.
Segundo, al criterio para fijar el precio. De Santis explicó que “se cambió lo que se venía tasando como superficie rural a como si fuera Mitre y General Acha.  ¿Cómo el juez no se dio cuenta que era el Bajo Colola, no Mitre y General Acha. Por eso, la hectárea pasó de los $1.600 pesos cada una a $170.000 pesos cada una. El pago de la causa Bustos está frenada por la cautelar de la megacausa, pero si se tuviera que pagar, son unos $20 millones por 4 hectáreas. Pero esa decisión del Tribunal de Tasaciones hizo que se cambiara totalmente el criterio. En la causa Esquivel sí se pagaron $2 millones por 6.000 metros, menos de una hectárea”.
Pagés insistió en su criterio de dar crédito a lo que le dijo el organismo técnico como el Tribunal de Tasaciones y dijo que “si yo hubiera tenido toda la información a la que accedió el periodismo de investigación, el resultado hubiera sido diferente”. Y fue más allá: le dijo a De Sanctis que lo conoce desde “hace 30 años y hace un año estuvieron juntos con el presidente de la Corte, y no le dijo que había una grave irregularidad en un fallo mío. ¿Ahí no sabía de las graves irregularidades?, ¿Por qué no me lo dijo ahí?”.
El tercer punto cuestionado por De Sanctis, tal vez el más significativo en virtud de los montos que se pagaron, fue el cómputo de los intereses. Y apuntó directamente a una presunta irregularidad en el Tribunal, que fue convalidada por el juez. Se refiere al acta de posesión, que es la fecha según la ley a la que se debe tasar un bien expropiado, es decir cuando el Estado se queda con el terreno.
En el expediente Luna, como en casi todos los expedientes bajo sospecha, no consta el día de toma de posesión, presumiblemente arrancado. Y como está el acta, el Tribunal ordenó tasar a fecha actual: 2006, con un costo abiertamente superior a que si se hubiera tasado a 1985, fecha del decreto, porque el 2006 el terreno ya estaba bajo las aguas del dique. Y a pesar de eso, el juez ordenó computar intereses desde el día del decreto, es decir desde 1985. Para De Sanctis, ese es un doble cómputo de los intereses que fue lo que hizo que el precio de los inmuebles subiera a los millones que fijaron las sentencias. “está al borde del enriquecimiento ilícito”, disparó.
“En Luna hablamos de 4 hectáreas. El Tribunal dice que no hay acta de toma de desposesión, que no estaban en autos, pero sí estaba. El doctor Pagés manda a pagar el 8% anual y se tiene dicho que cuando tasamos al momento actual no se deben pagar intereses. El abogado Graffigna presentó una liquidación por $6 millones por tasación urbana, más la tasa de interés que ordenó pagar Pagés. Que no me venga con la jurisprudencia porque perjudicó gravemente al Estado con dos juicios de su juzgado”.
Pagés se defendió diciendo que ese es su criterio, pero citó una publicación que –de acuerdo a su criterio- lo habilita a tomar esa decisión respecto de los intereses.
“Es un criterio subjetivo y antojadizo. En la publicación de la ley de las editoriales más importantes del país se toma el valor real actual y aplica los intereses. En lo que De Sanctis dice que yo senté jurisprudencia y no es así, la Cámara y la Corte han dicho otra cosa”.
“Me enojo cuando me quiere mentir. Me enojo ante la ficción. Invitó al doctor Pagés a subirse a este carro”, remató De Sanctis.