La megaestafa de Global Market fue remitida a la Justicia Federal: las 3 razones que forzaron la incompetencia

Los motivos por los que el juez Javier Figuerola le dio razón al Ministerio Público se apoyaron en la sospechas de que Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañada incurrieron en lavado de activos, manipulación de mercado e intermediación financiera no autorizada. Esas tres figuras son competencia del fuero federal, dado que el bien jurídico protegido que habría sido vulnerado fue contra el orden económico y financiero.

Esta situación superaría, a su entender, la estafa común o la defraudación a particulares, pues se trataría de una supuesta evasión del contralor nacional. Por ello, declaró la incompetencia y envió las actuaciones al fiscal federal de turno, quien deberá analizar la resolución y aceptar o rechazarla, si entendiera lo contrario.

Pese a la resistencia de algunas querellas que pretendían que el expediente judicial quedara en el ámbito local, el magistrado entendió que sus argumentos no habían sido bien fundados y, por ello, desestimó sus solicitudes, para luego dictar la remisión a la fiscalía federal.

Por el lavado de activos (art. 303 del Código Penal), la autoridad remarcó las sospechas de que los imputados ponían en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito, que sería la estafa sobre sus clientes para financiar empresas propias. El ardid habría sido darle a los fondos recaudado la apariencia de operaciones de mercado.

Por otra parte, señaló la presunción de manipulación de mercado (art. 309 del Código Penal) e intermediación financiera no autorizada (art. 310 del Código Penal), puesto que habrían realizado acciones de baja liquidez y habrían operado mediante GMI Inversiones, captando recursos financieros ajenos sin que la empresa pudiera contar con la autorización emitida por la autoridad competente para poder operar.

Previamente, la fiscalía -representada por Alvo y la ayudante fiscal Guadalupe Guell- había explicado que los financistas bajo la lupa utilizaron el dinero de los inversores para los beneficios de su propia empresa. Acorde se destacó, el dinero fue desviado a una empresa propia de los imputados, cuando ello no estaba previsto con los inversores.

Alvo aseguró que los denunciantes tenían un perfil de riesgo conservador, lo que obligaba a los agentes financieros a respetar el perfil y no hacer operaciones que no excedieran lo pactado. "Contrariando el perfil, en lugar de invertir en cauciones y demás, desviaron el dinero a GMI", sostuvo y agregó: "Incurrieron a un ardid. Se valieron de la confianza de sus clientes y obtuvieron su autorización por medio de engaños".

Acorde detalló, tanto Ahumada como Cañada le hacían creer a sus clientes que invertían su dinero en lo que estaba previsto y conseguían los permisos mediante actualizaciones de una falsa auditoría. Ello quedó en evidencia cuando desde la Comisión Nacional de Valores, que fue consultada por los investigadores, desmintieron tal auditoría. Lo que hacían con el dinero puesto a disposición, según la teoría del caso, era operar con maniobras de alto riesgo.

En la investigación también surgió la firma financiera EPYCHOST S.A.S., que sería propiedad de los hijos de Ahumada. La razón de ello es que habrían realizado compras no autorizadas de cheques electrónicos, lo que podría configurar en la sospecha de un nuevo delito y con otros implicados en la mira.

Más denunciantes

Hasta el momento, la UFI de Delitos Informáticos y Estafas recibió 47 denuncias, las que ahora serán enviadas al fuero federal. Si bien la cifra era de 23 hasta la semana pasada, cuando se realizó la audiencia en la que se pidió la declaración de incompetencia, en los últimos días el número de presuntos damnificados ascendió el doble.

El juez Figuerola, en su resolución, indicó que el perjuicio económico que se investiga alcanzaría los 2.900 millones de pesos, aunque el monto puede variar a medida que se sumen otras denuncias.