Abigail Lucero el 11 de julio de 2023 falleció en la Clínica Cymin, ubicada en Capital. El caso tuvo una gran repercusión social y se judicializó, ya que estaba posibilidad de que podía existir mala praxis de los médicos que la trataron. El caso se investigó a lo largo de varios meses y finalmente, la fiscalía llegó a la conclusión que los médicos que trataron a la menor no actuaron de manera negligente, es decir, que no les achacarán el delito de mala praxis.
Investigación por mala praxis: desestiman la causa de la nena que murió en una clínica sanjuanina
Fuentes judiciales dijeron a este diario que a lo largo de la investigación saltó que la nena fue atendida en dos clínicas diferentes. La primera de ellas data del 8 de julio y fue en la clínica Parque Universitario. El médico que la vio le recetó un remedio, dieta y que se haga análisis clínicos. Al otro día (9 de julio), la nena fue trasladada al Cymin y el profesional que la ve le dice que siga con la dieta, le receta un antibiótico y nuevamente pide análisis clínicos.
Con la documentación secuestrada, la fiscalía constató que a la menor nunca le hicieron los análisis y tampoco estaba pedido en su obra social.
Dato: el resultado de la autopsia realizada a la menor fue que falleció de manera natural. Tuvo un fallo multiorgánico por sepsis en infección de vías respiratorias y la enfermedad que tenía era neumonía. Otro dato muy importante es que la forma de muerte de la pequeña no fue violenta.
Con esta información y otros detalles médicos, los profesionales médicos de la Justicia concluyeron en que la atención, el tratamiento y la medicación que recibió la menor fueron adecuadas y las indicadas. Descartando también que los profesionales (tanto de las clínicas Cymin y Parque Universitario) hayan actuado de manera negligente.
En conclusión, la justicia sanjuanina no irá contra los médicos actuantes. Cabe destacar que esta resolución salió hace dos semanas y que las partes ya han sido notificadas de la misma, tanto la defensa oficial y la querella (representante de la familia). La investigación estuvo en manos de la UFI Delitos Especiales N°5 a cargo de Francisco Pizarro y los ayudantes fiscales, Mariano Carrera e Ignacio Domínguez.