Arrancó el juicio por trata de personas contra el abogado Gustavo De la Fuente: de qué se lo acusa

La causa judicial ventila una trama de horror digital y presencial que se extendió de manera continuada entre marzo de 2022 y julio de 2024. De acuerdo con la acusación fiscal, la red logró someter a un número indeterminado de víctimas, lográndose individualizar fehacientemente a por lo menos 37 mujeres. Además, la imputación incluye el traslado interprovincial de al menos una de las víctimas desde La Rioja hasta San Juan con fines de explotación.

El juicio en el TOF será presidido por el juez Daniel Doffo. Por la defensa del hombre oriundo de Colombia estuvo la defensora oficial federal Gema Guillén y representando al abogado penalista sanjuanino, los doctores Fernando Castro y Jorge Olivera Legleu.

Durante la mañana de este jueves se dio a conocer la acusación fiscal completa y las Cámaras Gesell realizadas a las presuntas víctimas. Por orden del juez no se pudo dar a conocer en detalle lo que se dijo en esas entrevistas.

Párrafo aparte lo tuvieron los amigos del doctor Gustavo De la Fuente, diferentes penalistas con los que trabajó durante muchos años y han compartido gran cantidad de causas penales tanto en el fuero penal provincial y federal estuvieron presentes en la sala de audiencia.

La maniobra de explotación: ofertas engañosas, "streaming" y control económico

La maquinaria montada por De la Fuente y Quevedo Medina operaba bajo una fachada de legalidad y profesionalismo. A través de las redes sociales, principalmente Facebook, promocionaban una supuesta empresa o estudio de modelaje webcam denominado "Belle Argentina", ubicado en la calle Güemes, en la capital sanjuanina. Las ofertas laborales estaban dirigidas de manera engañosa a mujeres de entre 18 y 45 años, prometiendo un entorno seguro y altos ingresos en moneda extranjera.

Sin embargo, una vez que las mujeres ingresaban a la sede de la firma, la realidad mutaba drásticamente. Los acusados se aprovechaban de la extrema vulnerabilidad de las víctimas, caracterizada por la falta de empleo formal, la ausencia de redes de contención social y la desesperación económica para asegurar el sustento diario.

La maniobra principal consistía en la producción, difusión y comercialización de transmisiones en vivo, imágenes y videos de alto contenido sexual explícito. Para ello, las víctimas eran obligadas a interactuar en plataformas internacionales de streaming (como Stripchat, Camsoda, Cam4 y Chaturbate, entre otras) cuyo acceso desde Argentina era bloqueado intencionalmente mediante redes privadas virtuales (VPN) para evitar ser descubiertos a nivel local.

Según la acusación, los imputados retenían de forma obligatoria el 50% de todos los ingresos generados en línea. El porcentaje restante, que originalmente se prometía en dólares, terminaba pesificado a valores discrecionales. Para asegurar la continuidad de la explotación y el disciplinamiento de las mujeres, los acusados implementaron un severo esquema de multas y descuentos arbitrarios bajo conceptos abusivos como "horas incumplidas", "faltas por cansancio", "llegadas tarde" o, incluso, por consumir alimentos en un drugstore de la zona administrado por el propio Quevedo Medina.

A todo esto se sumaban condiciones de trabajo extremadamente precarias expuestas por la investigación de Gendarmería Nacional a través de un agente revelador digital: las mujeres transmitían extensas jornadas bajo un frío hostil por la falta de calefacción, sin agua caliente y en instalaciones higiénicas deficientes, viéndose obligadas a trabajar aun estando enfermas.

El rol clave y la participación del letrado Gustavo De la Fuente

A diferencia de John Sebastián Quevedo Medina, quien se encargaba mayoritariamente de las tareas de campo, las entrevistas laborales, el hostigamiento diario y la administración de la firma , las pruebas recolectadas por la Fiscalía arrojan el rol fundamental y de máxima jerarquía que poseía el abogado Gustavo De la Fuente dentro del engranaje delictivo.

Según la acusación fiscal, las intervenciones telefónicas permitieron constatar que De la Fuente no solo actuaba como el representante legal y el "escudo jurídico" de la firma "Belle Argentina" , sino que era considerado uno de los pilares estructurales y dueños directos de la organización, al punto que Quevedo Medina coordinaba y dividía los dividendos y las sucursales futuras en un esquema de "50 y 50".

Presuntamente, el abogado solía frecuentar la sede de la calle Güemes en horarios nocturnos durante los días de pago de las modelos para supervisar la caja de la organización. Además, la investigación patrimonial expuso claros vínculos financieros e inconsistencias fiscales entre el letrado y el ciudadano colombiano mediante la utilización de billeteras virtuales (Mercado Pago, Ualá, etc.) donde constan transacciones con conceptos denigrantes y explícitos sobre la comercialización de mujeres.

Sin embargo, el costado más oscuro de la participación de De la Fuente radica en el nexo entre la virtualidad y la explotación presencial. Según las pesquisas judiciales, De la Fuente utilizaba su posición de poder económico y las directivas de la empresa para captar en forma personal a las denominadas "Modelos Webcam". Las convocaba fuera del horario de transmisión bajo el pretexto de compartir cenas o almuerzos, momentos en los cuales les ofrecía sumas de dinero en efectivo a cambio de servicios sexuales.

Dichos encuentros presenciales se materializaban de manera sistemática en departamentos personales. Una vez perpetrados estos abusos, De la Fuente avanzaba hacia una segunda fase de explotación: les proponía formalmente incorporarse a una red clandestina de prostitución VIP de carácter presencial. Para convencerlas, el abogado les garantizaba que él mismo se encargaría de proveerles la seguridad privada necesaria y el espacio físico exclusivo en los inmuebles bajo su control.

Un caso testigo reflejado en los informes de Gendarmería Nacional detalla la historia de una modelo de la agencia (no se da a conocer su nombre para resguardar su integridad). La joven terminó siendo alojada en una de las propiedades de De la Fuente debido a su extrema vulnerabilidad económica, contexto que el abogado aprovechó para exigirle favores sexuales a cambio del techo. Tras sufrir severos abusos tanto dentro de la estructura empresarial como por las presiones particulares del abogado, la víctima se vio forzada a desvincularse de la organización y huir hacia la provincia de Mendoza para escapar de su control.

Con el debate en pleno desarrollo, el Ministerio Público Fiscal sostiene con firmeza la acusación de coautoría contra ambos implicados. Por la cantidad de damnificadas identificadas, el aprovechamiento de la vulnerabilidad y la gravedad del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, el doctor Gustavo De la Fuente y su socio enfrentan un legajo judicial complejo que podría culminar en una condena -si el tribunal los considera culpable- de cumplimiento efectivo a pasar largos años tras las rejas.