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cuarto caso positivo

Por orden de la justicia, salen a buscar a los pacientes que atendió la médica con coronavirus

Según confirmaron fuentes oficiales, un hotel será puesto a disposición para las personas que mantuvieron contacto con la doctora con COVID-19.

Por Redacción Tiempo de San Juan

A raíz de la denuncia que radicó Salud Pública contra la médica sanjuanina con coronavirus por haber actuado con irresponsabilidad, el titular de la Fiscalía Correccional Nº 1, Roberto Mallea, informó que el juez que interviene en la causa ordenó mediante un oficio que salgan a buscar a los pacientes que estuvieron en contacto con la reumatóloga que dio positivo, la única responsable hasta el momento y hermana del transportista que fue el tercer caso de COVID-19.

Si bien la orden judicial que elevó Alberto Caballero -del Primer Juzgado Correccional- está dirigida al jefe de la Policía, se solicitó que se arbitren los medios necesarios para que encuentren a las personas que podrían haberse contagiado tras haber mantenido contacto estrecho con la profesional, entre el 4 de mayo hasta el 18 de mayo

Para ello, desde la justicia pidieron a Salud Pública que a través del sistema de obra social obtengan los datos de los pacientes que fueron atendidos por la doctora para ponerlos en aislamiento social obligatorio. Lo mismo exigieron para con la madre de la mujer internada y su hijo, quienes serán sometidos a la prueba de COVID-19.

Una vez individualizados y detectados los pacientes, muchos de ellos inmunodeprimidos, condición por la que son población de riesgo, el representante del Ministerio Público indicó que todos irán a parar a un mismo destino para que la situación esté -dentro de las posibilidades- esté bajo control: un hotel. Desde allí se pretende monitorear a quienes podrían estar contagiados del virus y serán sometidos a un hisopado para comprobar o descartar si presentan el virus.   

Los delitos por los que se la podría imputar son el 203 y 205 del Código Penal (el primero implica una conducta de propagación consciente con penas que van de los 3 a los 15 años de prisión mientras que el segundo habla de propagar la enfermedad sin quererlo). En primera instancia, sostuvo que habría incurrido en un incumplimiento de los deberes como funcionaria pública. 

El fiscal dijo que no se descarta que la causa pase a instrucción, por ejemplo si sucede un caso de muerte por la conducta de la mujer, una medida que puede tomar el juez cuando entiende que no es competente él para tramitar el expediente, si crece la gravedad de la situación.

 

 

 

 

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