Frizaron económicamente a Graffigna

La inhibición económica implica que de ahora en adelante el abogado no podrá vender nada que tenga a su nombre como tampoco adquirir algo a su propiedad.

La medida responde a un planteo del abogado Diego Manuel Sanz, en representación de Margarita Esquivel, una de las 12 víctimas del abogado Graffigna. Se trata de una humilde familia del departamento Iglesia a la que Graffigna le sacó ilegalmente el dinero que el Estado les había pagado por un juicio de expropiación de una propiedad para la construcción del dique Cuesta del Viento.

Lo más lejos que la justicia había podido llegar con Graffigna en el plano económico desde el 2010, cuando nació el escándalo de las expropiaciones por una denuncia hecha por el gobierno provincial, fueron embargos millonarios, de más de 35 millones de pesos, trabados a través de los cuatro autos de procesamientos que dictaron distintos jueces.

El otro avance económico que le hizo la justicia al abogado Graffigna fue cuando recuperó la libertad por estar tres años en prisión sin juicio. Para excarcelarlo le exigieron que pusiera una caución real y el abogado puso la propiedad de su suegro.

Graffigna se había declarado insolvente. Pero en el Juzgado Federal lo investigación por una presunta evasión impositiva. Ésa causa despertó sospechas de que el abogado tenía fondos de inversión de los que la justicia se podía agarrar.

El objetivo final de la inhibición económica es que la presunta víctima, en este caso Margarita Esquivel, tenga de dónde recuperar su dinero en el caso de que Graffigna sea encontrado culpable en el juicio penal y también en la demanda civil.