Eduardo Francisco Calvo, soltero, de 26 años, pretendía quedar libre mientras se lo investiga por atropellar y matar en estado de ebriedad a Gabriela Sabrina Romano, una joven policía de 23 años que el viernes 27 de abril regresaba de trabajar hacia su casa. Pero Calvo recibió un revés judicial y seguirá preso, imputado de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo, cuando le pegó de frente con su auto Peugeot 405 a la moto en la que la agente iba correctamente por su mano.
Le negaron la libertad al borracho que mató con su auto a una joven policía
El Ministerio Público Fiscal opinó que otorgarle la libertad de Calvo es peligroso para el proceso judicial por el riesgo de fuga ante una eventual condena de pena firme. Y también por el agravante de que uno de los factores de riesgo más relevante en los accidentes de tránsito es el alcohol.
Según publicó un lector en las redes sociales, el dosaje de alcohol en sangre que le dio a Calvo fue de 1,23 gramos por litro de sangre.
De ser cierta esa publicación, ese peritaje pondría hundir a Calvo a la hora de una condena, teniendo en cuenta que el máximo legal previsto de alcohol en sangre es de 0,5 gramos por litro de sangre.
La tragedia vial es investigada en el Quinto Juzgado Correccional. Y ante la opinión de la fiscalía, el juez se hizo eco y resolvió "no hacer lugar a los beneficios de la excarcelación” que había solicitado Alvo.
El beneficio había sido solicitado por el abogado defensor Horacio Merino.
El abogado se respaldó en que la ley dice que siempre se debe beneficiar al sospechoso de un delito con lo más benigno de la pena, ya que hasta ahora la Justicia no dijo que fuera culpable.
El homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo tiene una pena mínima de 3 años y una máxima de 6 años.
Como el mínimo es excarcelable (a partir de que supera los 3 años la pena ya no es excarcelable), el abogado Merino pidió que Calvo siga en libertad mientras se lo investiga.
También argumentó el abogado que el conductor tiene domicilio fijo en un barrio en Villa Aberastain, Pocito.
Tras la negativa a la excarcelación, el abogado Merino adelantó en Crónicas Policiales por Canal 13 San Juan que apelará esa decisión ante la Cámara Penal.