Doble muerte en la escombrera: piden $18 millones de indemnización

ncaballero@tiempodesanjuan.com

En noviembre del 2014 Mercedes Montiveros (48) y su hija Mayra Illanes (22) murieron víctimas de graves quemaduras al tocar residuos que la mostera ENAV tiró en una escombrera de Chimbas. A dos años de aquel caso que conmocionó a San Juan, los familiares de ambas mujeres le iniciaron al Estado una millonaria demanda por daño psicológico. La compensación solicitada es de $18 millones de pesos.  

En los litigios que se pide una indemnización por daño psicológico se intenta probar que los parientes o allegados de las víctimas han sufrido consecuencias conductuales tras un episodio puntual. Un ejemplo concreto de este tipo de juicios es cuando una persona sufre una amputación de un miembro y queda con un trauma psicológico que le impide relacionarse con los demás. En este caso, los familiares de Mayra y Mercedes aseguran haber quedado en shock tras las violentas e inesperadas muertes. 

El predio en donde sucedió la tragedia estaba custodiado por guardias de seguridad.  El ingreso al inmenso lote –ubicado en Buenaventura Luna y Fray Justo Santa María de Oro, Chimbas- estaba prohibido. De igual modo, si bien había carteles en las inmediaciones de la escombrera no había cercos que separaran la escombrera. 

El 26 de noviembre del 2014 madre e hija ingresaron al terreno en busca de materiales para hacer los recuerdos del casamiento de la joven Mayra. Las dos sufrieron quemaduras fatales al tocar residuos tóxicos activos, sin el debido tratamiento, tirados sin permiso por la mostera ENAV. Por la tremenda falta, el Gobierno le impuso a la empresa una multa de 700 sueldos básicos (lo que equivale a $1,8 millones de pesos). 

La causa penal está en el fuero local (inicialmente estuvo en el Federal). El juez Eduardo Agudo se hizo cargo de la causa que investiga la doble muerte de las dos mujeres. Será el magistrado quien deberá determinar la responsabilidad de la empresa elaboradora de mosto en la doble muerte y en las heridas de un menor de edad que estuvo en la zona. 

El fallecimiento de las mujeres tiene otro capítulo en la Justicia. La familia decidió iniciar una demanda civil contra la mostera. Piden un resarcimiento económico de $3 millones de pesos ($1 millón por la madre y $2 millones por la hija). Y finalmente le iniciaron otro litigio a la Provincia por los $18 millones de pesos mencionados. 

Cada vez hay más causas por daño psicológico que ingresan a la Justicia (suceden tanto en el ámbito público como en el privado). El fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, confirmó el monto de la demanda y dijo que la Provincia está abocada a la causa. 

"El daño psicológico hay que probarlo, es medible. Se tienen que hacer estudios con profesionales para que determinen en qué medida se vieron afectados los iniciadores de la demanda”, explicó el funcionario. 

La mayor parte de este tipo de causas termina en un acuerdo entre los abogados litigantes y los demandados, en este caso el Estado. De Sanctis informó que estas causas finalizan después de varias reuniones entre las partes, en las que van mediando hasta llegar a un acuerdo conveniente.  

Tras la doble muerte, Medio Ambiente encaró una serie de mejoras en el predio donde ambas mujeres encontraron la muerte de manera trágica. El terreno estrenó cierre perimetral con postes y alambres, también tiene arbolado y cartelería nueva  y hay un puesto policial móvil instalado en la puerta para reforzar la tarea del custodio que está en la garita. 

Según dijeron fuentes de Ambiente, se terminó de colocar el cerco hecho de palos de madera y alambre galvanizado para evitar que la gente ingrese al lugar donde está prohibido el acceso. Se hizo el cierre del perímetro de 300 metros de fondo, se repararon los costados Norte y Este lo que faltaba de cierre y el frente. Además, se pusieron árboles a lo largo del acceso donde está la garita de la custodia. También se renovó la cartelería del sitio, con leyendas de prohibición de entrada a personas ajenas. 

Estos puntos se acordaron con los vecinos tras reclamos que realizaron el año pasado en el Centro Cívico por el funcionamiento de esta cava artificial, donde se tiran residuos industriales y de la obra pública provincial.   

Por otro lado, el lugar ahora tiene doble custodia. De 7 a 19 trabaja el sereno de Ambiente que estaba ya antes del episodio. Se sumó el control de 7 a 23 horas que hace la Policía de San Juan con un puesto policial móvil ubicado cerca de la garita gubernamental. 

Las medidas se sustancian en que el predio, a pesar de las prohibiciones, era de tránsito frecuente entre los pobladores de los alrededores, que recolectaban cosas de entre los residuos o cortaban camino para llegar de una calle a la otra. Incluso había una canchita de fútbol en el terreno.