Zoe, la cuarta niña violada y asesinada en los últimos 20 años

El caso de la niña de 4 años ocurrido el 19 de noviembre último por ahora tiene como principal sospechoso su tío y padrino, Ezequiel Sergio Merles (24). Y detenida como encubridora  a su propia abuela, Marcela Barrionuevo (45), una ex prostituta que luego se ganaba la vida asistiendo ancianos en un geriátrico. En los próximos días en el Tercer Juzgado de Instrucción se decidirá si hay o no pruebas para dejarlos legalmente pegados a esa violación y crimen.

Así, Zoe se suma a un espantoso listado de cuatro niñas violadas y asesinadas en San Juan en los últimos 20 años.

El caso similar inmediato fue el ocurrido en Caucete. La víctima fatal fue Milagro Ruarte, una adolescente de 15 años que fue violada y asesinada por quien era su cuñado, José Jesús Castro.

El crimen se produjo el 3 de octubre de 2012. La menor había ido a la casa de su cuñado a devolver unas llaves que su hermana se había olvidado en su casa cuando la fue a visitar. Milagro iba en la moto que le habían regalado para su cumpleaños de 15.

Castro estaba solo en su casa cuando llegó Milagro. La violó y la ahorcó con un cable de electricidad. Arrastró el cadáver hasta debajo de un parral ubicado cerca de la casa y la semi enterró.

Las pruebas fueron tan abrumadoras que Castro aceptó la pena máxima en un juicio abreviado, es decir, sin ir a debate, en un simple acuerdo con el fiscal Eduardo Mallea.

El 29 de septiembre de 2014 la Sala Tercera de la Cámara Penal lo condenó a prisión perpetua por homicidio criminis causa, por el delito de abuso sexual con acceso carnal y homicidio.

El 13 de abril de 2015, José Jesús Castro apareció ahorcado en su celda de la cárcel de Chimbas.

El otro antecedente más cercano en el tiempo es el de Megalí Celán. Tenía dos años y fue violada y estrangulada por la pareja de su madre, Ceferino Amaya Cortez. El sujeto también ahorcó con un cinto a la madre de la niña, una mujer boliviana con la que mantenía una relación amorosa y había tenido un niño. Ella se llamaba Miriam Adrián Espinoza. Una vez más, el criminal intentó no dejar testigos.

El cruel crimen ocurrió entre las 1 y las 4 horas de la madrugada del 20 de abril de 1997, en el Loteo Pedro Echagüe, en Santa Lucía.

Ceferino Amaya había estado bebiendo con otro sujeto. Se fue al rancho de su pareja y lisa y llanamente penetró a la niña. Había puesto la música de su equipo de música bien alta, para que nadie escuchara. Pero en el juicio hubo vecinos que atestiguaron haber escuchado el grito de la niña y dijeron que hasta los perros ladraron.

La madre de la niña descubrió lo que su pareja había hecho y salió en defensa de su pequeña hija. Ceferino Amaya la ahorcó. Luego estranguló a la menor que había abusado.

El sujeto no tuvo mejor idea para tapar su crimen que hacer una zanja en la cocina de la precaria vivienda de piso de tierra y enterró los dos cadáveres. Luego le puso candado a la puerta y se marchó.

La ex fiscal Alicia Esquivel pidió la pena máxima y el tribunal de la Sala Primera de la Cámara Penal le dio la razón: el 22 de abril de 1998 los jueces Arturo Velert Frau (presidente), Diego Molina y Raúl Iglesia condenaron a Ceferino Amaya Cortez a la pena de reclusión perpetua por el delito de violación y homicidio agravado.

Ese año, 1997, los sanjuaninos venían de una fuerte conmoción social por otro caso de una niña violada y asesinada.

Se trató del caso de Andrea del Valle Paredes, una nena de dos años que a la que un cosechador la abusó sexualmente con sus dedos y no tuvo mejor idea que asfixiarla para que no lo delatara. Además, el sujeto arrojó el pequeño cadáver boca abajo en una acequia de riego de una finca en Pocito, donde se produjo el aberrante hecho.

El autor de ese crimen fue Mauricio Fernández, un sujeto al que todos llamaban el Gringo que desapareció de la cuadrilla de cosechadores  que integraba después de que la niña apareció abusada y asesinada.

La Policía lo encontró deambulando, totalmente borracho. La ira que despertó el caso en los sanjuaninos se trasladó a los vecinos de Rawson y Pocito, quienes intentaron lincharlo en la misma Seccional Sexta en que estaba detenido.

Fue una de las protestas sociales de ese tipo más numerosa que se tenga memoria. Las puertas y ventanas de la comisaría debieron ser cerradas y se montó una fuerte custodia armada dentro y fuera para evitar que la gente llegara al violador y asesino.

Más tarde el tribunal de la Sala Segunda de la Cámara Penal, compuesto por Juan Carlos Peluc Noguera (presidente), Mónica Lucero y Félix Herrero Martín condenaron a reclusión perpetua a Fernández.