Lo dijo con naturalidad. El día que Santiago Graffigna se decidió a hablar sobre el escándalo que lo tiene en el ojo de la tormenta, el abogado empleó una línea argumental al menos llamativa: decidido a defender el apellido, se preguntó cómo era posible que estuviera debajo de los reflectores, con todo lo que su familia había hecho por la provincia. Y es absolutamente cierto el carácter pionero de la familia en San Juan, sin que esa condición signifique más que reconocimiento y respeto. Menos en los Tribunales.
Por esa alta vinculación o no, Santiago Graffigna se convirtió en el asesor de confianza de la Sociedad San Vicente de Paul en San Juan. Hay que mirar atrás del vidrio de la casona aún sin terminar de la esquina de Matías Zaballa y San José para concluir en que no se trata de una obra de caridad cualquiera.
Es una organización laica establecida alrededor de la figura de quien fue un sacerdote francés del siglo XVI consagrado como el santo de la caridad. Desde hace casi 200 años la obra crece en todo el mundo especialmente construyendo hospicios para los más necesitados. Uno de ellos es el que está siendo montado desde hace tiempo en la esquina de la discordia, porque a ese mismo lugar lo recortaron después del terremoto para ampliar las calles y facilitar la circulación, pero parece que nunca la pagaron –o sí, hay dudas al respecto- y de allí devino uno de los apéndices más escandalosos de este caso: por 1.400 metros se pagaron $25 millones de pesos al abogado Santiago Graffigna, el mismo asesor de la entidad, que les había sugerido a las mujeres que firmaran un poder a nombre de Guillermo Ruiz –primo de Graffigna- a cambio de $2.000, sin decirles que ellas mismas podían hacer el reclamo sin ceder derechos.
Tan escandaloso como ese es el caso Suraty, que también envuelve a las mujeres de la San Vicente de Paul. Por los derechos de un terreno en Rawson donde ahora está en barrio Orzali y que pertenecía a un grupo que se disolvió, el señor Suraty –cuyo abogado era Graffigna- les pagó a las mujeres $10.000 cuando el juicio de expropiación ya tenía sentencia de pago por más de $ 1 millón. Luego de la cesión, Suraty-Graffigna consiguieron un cambio de juez y cobraron en pocos meses lo que las mujeres con otro abogado no habían podido en años.
En San Juan, la Sociedad San Vicente de Paul está presidida por la señora Carmen Arévalo de Del Bono. Como podrá entenderse, también de un apellido inscripto entre los forjadores en la provincia. Y la gran mayoría de sus integrantes forman parte de familias tradicionales y de altos recursos. Fácil es comprender entonces que nada les hará menos gracia que quedar estampadas encabezando las noticias más escandalosas de la provincia, ni a la presidenta ni al resto de las integrantes.
Tampoco les caerá simpático desfilar por los tribunales con los micrófonos esperando en la puerta, como le ocurrió a la señora Arévalo de Del Bono y seguramente les ocurrirá a muchas de las restantes integrantes de la sociedad a medida que avance la causa.
Y es que en esta historia, las mujeres aparecen como demasiado ingenuas o como supuestas cómplices de su abogado Santiago Graffigna. O fueron presa fácil de un asesor que abusó de sus confianzas para hacerles firmar cesiones de derechos por las cuáles después él cobraría millones, como dijo Carmen cuando estuvo ante la jueza Rosellot, o hay algo que aún no se está diciendo.
Hay algunos cabos sueltos que no dejan de hacer interferencia. Por ejemplo, en su declaración la mujer admitió que habían alterado el monto de las sesiones: en lugar de $ 2.000 y $ 10.000 por Ruiz y Suraty respectivamente como dicen los documentos, cobraron alrededor de $30.000 y $60.000. Argumentó que era muy buena plata para la época, que la necesitaban para avanzar con la obra y que lo hicieron para pagar menos impuestos. Pero en realidad, la sociedad en una fundación benéfica que no paga impuestos.
En búsqueda de esperar que bajen los decibeles, la mujer ha decidido no hacer declaraciones a nadie y ajustarse a lo que le dijo a la jueza. Y la defensa de la entidad en este escándalo será desde Buenos Aires, como adelantó el mes pasado a Tiempo de San Juan el abogado Agustín Obligado: están preparando un desembarco en la provincia con una serie de presentaciones en Tribunales para reclamar al juez que las cesiones de la polémica sean declaradas nulas, y en consecuencia podría haber también algún reclamo de dinero contra Graffigna. Aún no lo hicieron. Recién allí se sabrá si la postura de la sociedad es una medida de fondo para limpiar sus responsabilidades y su imagen, o si se trata de un coletazo efectista y sin profundidad.
Mientras todo esto ocurre, a la causa le cuesta mucho avanzar en Tribunales. Ya se perdió un año y medio con el cambio de fiscal, cuando Daniel Guillén, que había llevado adelante el caso desde que fue presentado y estaba al tanto de cada movimiento, se fue cuando apareció involucrada una jueza (Rosalba Marún de Sobelvio) y un ex camarista (Moisés Moya). Volver a empezar, con todo el retraso que eso significa y sus consecuencias en una causa de fuertes derivaciones judiciales, pero también sociales y políticas.
Con el agravante de que otro fiscal, Fabricio Médici, también se inhibió por su amistad con el principal sospechado, Santiago Graffigna. Ahora, el nuevo fiscal, … Rodríguez, tendrá asistencia para una causa de fuerte impacto, pero no la tendrá la jueza: al fiscal le suspendieron los turnos, pero la jueza Rosellot deberá seguir atendiendo causas nuevas y tramitando las viejas –en muchos casos con detenidos- mientras intenta desanudar la madeja de un proceso demasiado retorcido y con complicidades pesadas. ¿Alguien supone que en estas condiciones podrá llegar a ofrecer respuestas a una sociedad expectante por su desenlace?
Tal vez por eso resonó la semana pasada el amargo quejido del fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, quien fue más allá de lo que alguna vez se haya ido y se planteó si es que ese corte social del escándalo será un freno en la investigación. Voluntariamente o no, está claro que a los tribunales actuales les cuesta avanzar sobre esas estructuras, y de pronto todos se conocen y nadie investiga: o de la facultad, o de las fiestas, o del supermercado, parece que San Juan es demasiado chico. La dimensión social aparece nítida: cuesta encontrar tantos frenos inhibitorios en causas con acusados en delitos penales habituales, como robos o crímenes.
“San Juan es muy chico y hay mucha hipocresía”, lanzó el fiscal en una de las declaraciones más filosas y al hueso de las escuchadas últimamente. Le llamó la atención la conducta de los jueces civiles bajo revisión en los fallos: “Cuando la torpeza es en más de 3 casos, ya deja de ser torpeza”. Y le puso marco al asunto: “Es el escándalo más importante de los últimos tiempos”.
Ante esta certeza de que por movimiento de dinero y de estructuras la megacausa de expropiaciones no tiene quien lo emparde en la historia política sanjuanina, le cabe al fiscal el compromiso de no quedar a mitad de camino con la investigación. Con la sensación de que estas derivaciones sociales no hacen otra cosa que frenarla.
Aquí a la vuelta, en Mendoza, queda un ejemplo que genera sana envidia. Todo muy parecido a lo de San Juan, con los mismos actores: En una causa también por expropiación, la Corte frenó dos juicios que ordenaban pagar $24 millones por terrenos en el pedemonte. Y cuestionó la tasación de la Fiscalía de otro terreno, de la familia Vila. Además, ordenó investigar al fiscal de Estado. Igualito, ¿no?
miércoles 1 de abril 2026
