Andando por la calle, teniendo problemas en el trabajo o simplemente pagando los impuestos, cualquiera puede tener problemas con alguna ocasional mala praxis de un abogado en la plaza local. Sin necesidad de irse a ningún lado, cada día más.
Círculos de la felicidad, amistades sospechosas, cadenas de enriquecimiento, cuervos, clientes estafados, codazos por el poder, especies recientes –y también pasadas- en las que se extraña cada día más la dimensión ética de la profesión. Que se juegan en terrenos pantanosos, cuando no escandalosos: la megacausa de las expropiaciones, las pulseadas por los cargos de jueces puestos a disposición en el recambio histórico y lamentable, por lo demorado- de magistrados, los cachetazos por ocupar los cargos rentados en Tribunales con eternas sospechas de nepotismo, los asombrosos olvidos cometidos por los abogados de la provincia –la Fiscalía de Estado-, las agachadas de los jueces –que también son abogados-. Y ahora una nueva especie, un aviso del Foro de Abogados advirtiendo al caminante que tenga cuidado con …. el abogado, en los casos de los tarjeteros que rapiñan a las víctimas de los accidentes de tránsito.
El caso del escándalo de las expropiaciones combina la conducta de los abogados que intervinieron en las causas bajo sospecha junto a la de los que integran toda la línea oficial: jueces y abogados de la provincia.
En el caso del abogado Santiago Graffigna, el que llevó adelante la mayoría de esas causas, hay varios pasajes que hacen ruido. Uno de ellos es lo que ocurrió con uno de sus clientes, de apellido Manrique en Cuesta del Viento. Porque esa familia acusó a Graffigna -su abogado- de haberlos presionado en lo que tenían que decir en la investigación y eso terminó abriendo una causa lateral por la que el abogado estuvo preso.
Otro es lo que ocurrió con las mujeres de San Vicente de Paul. Es que Graffigna era el abogado asesor de la entidad y se terminó beneficiando con las sesiones que ellas hicieron por los derechos de dos expropiaciones a dos clientes suyos: Guillermo Ruiz y Suraty. Por ambos, la provincia pagó más de $26 millones y a las mujeres les quedó sólo el dinero de las cesiones, monedas al lado de los millones de los juicios. Y las mujeres dijeron luego que su asesor las había engañado –a sus clientas- porque no les dijo que podían conservar los derechos y accionar ellas, ni que uno de los juicios que cedían ya tenía sentencia de pago.
Otro punto que cruje es lo que ocurrió con Guillermo Ruiz. El hombre, un abogado santiagueño primo de Graffigna, compró a la Sociedad en $2.000 (que eran más de $30.000) los derechos por un terreno que luego se pagó $25 millones. Y luego, el propio Graffigna terminó admitiendo que el juicio era suyo. ¿Qué pasó? Si el abogado se quedó con el juicio de su cliente, lo hizo fuera de la ley.
En otro lugar de Ciudad Gótica, los abogados de la provincia parecieron simples testigos de lo que estaba ocurriendo. Que los jueces firmaban sentencias condenatorias por millonadas de pesos y a nadie le resultaba extraño. A otros abogados se le vencían los plazos legales, otros dejaban de oponerse de manera misteriosa. Y al jefe no le pareció llamativo que le clavaran un juicio expropiatorio por el principal pulmón verde de la ciudad 90 años después y con intereses astronómicos. Todo siguió igual, a nadie le pareció raro.
La Fiscalía de Estado tenía en el año 1973 un solo abogado además del fiscal. Hoy tiene 80 que se reparten las causas en las que la provincia resulta demandada y recién ahora comienza a enderezar la cuesta de tantas derrotas. ¿Por qué tanto incremento? Aumentó la litigiosidad, se argumenta. Por ese agujero se escaparon históricamente no sólo millones de pesos que no debieron salir, sino también miles de hectáreas que los particulares arrancaron al Estado aprovechándose que nadie lo defendía.
Esta misma semana, en Mendoza el tema político excluyente es la investigación contra el abogado de la provincia –el fiscal de Estado Joaquín de Rosas- acusado justamente por haber sobrevaluado un terreno propiedad de Daniel Vila. Por esa razón, confluyen en este episodio los ingredientes de un capítulo provincial de la pulseada Vila-Clarín (diario Los Andes) que operan a nivel macro con Cablevisión y la ley de medios. Pero no hay que perder de vista un dato esencial: La acusación contra el fiscal partió de la propia Corte. San Juan, año verde.
Si aumentó la litigiosidad, sería consecuentemente razonable que así como aumentaron los abogados hayan aumentado los juzgados. Nada de eso. En la página 4 de este diario se puede encontrar un reporte –mínimo- de los escasos incrementos de juzgados y de personal y un testimonio desgarrador: no agregan secretarios a los juzgados porque no hay lugar donde ponerlos. En esos pocos metros cuadrados se amuchan diariamente el grueso de los miles de abogados de San Juan tratando de sobrevivir. Y eso que los principales damnificados no son ellos: están a varios kilómetros de allí, en el penal de Chimbas, esperando que algún juez los atienda. ¿No hay allí alguna dimensión ética?
El Foro de Abogados de la provincia es el organismo que dispone del gobierno de la matrícula en San Juan de entre 3.000 y 4.000 abogados. Tiene un tribunal de disciplina que se encarga de analizar las conductas de los abogados y, llegado el caso, castigarlos con la suspensión de la matrícula. Puede tomar un caso por alguna denuncia o de oficio y tiene un año para resolver.
En el caso de las expropiaciones, no recibió ninguna denuncia. Es decir que a nadie se le ocurrió que podía denunciar la inconducta de algún abogado, con toda el agua que pasó debajo del puente. Pero sí inició una investigación de oficio contra Santiago Graffigna, que está suspendida hasta que no haya sentencia en su contra. Y Graffigna no fue ni siquiera indagado en la investigación penal. Al estar el proceso suspendido, se interrumpe el plazo para que prescriba, pero como viene el asunto parece que habrá resolución sobre su conducta dentro de un tiempo bien generoso.
Tampoco hubo ninguna denuncia ni investigación de oficio por la conducta de ningún otro profesional que intervino en esta cadena de felicidad de las expropiaciones. Ni sobre ningún abogado de la Fiscalía de estado –los abogados de la provincia- ni sobre ningún otro, como los abogados con algún familiar que se quedó con alguna parte de algún juicio.
El caso de los tarjeteros por accidentes de tránsito también le dio trabajo al tribunal de disciplina del Foro. En estos casos, lo que suele ocurrir es que aparecen abogados detrás de las víctimas que se terminan quedando con los juicios porque los damnificados se los ceden, apurados y mal aconsejados (o interesadamente aconsejados). Sí, igual que con las expropiaciones, salvo que esta especie es más de calle –como lo atestigua la película Carancho- y menos de guante blanco. Un abogado dedicado a los accidentes –Ernesto Clavijo- fue al tribunal y resultó suspendido, pero como apeló a la Corte no hubo por ahora sanción.
La entidad sorprendió en estos días con un aviso a la gente para se cuide de los abogados, aunque parezca extraño. Les explica cuáles son sus derechos y de qué conductas hay que cuidarse. Y con la misma lógica de los caranchos o los abogados que engañan a sus clientes con cesiones de derechos, hay para entretenerse en varias ramas de estas industrias del juicio: las posesiones veinteañales, los siniestros de los policías, el residual del Banco San Juan.
El Foro tuvo elecciones esta semana y este tema de las matrículas y la dimensión ética fue uno de los asuntos que sobrevuela. Ante semejantes escándalos que involucran a las conductas de los abogados hacia sus clientes o hacia quien los contrata –en el caso que sea el Estado- no son pocos los que piensan que debería haber a esta altura algún castigo ejemplificador. Su presidente, Marianela López, dice que son muchos más los abogados que guardan buena conducta que los que no. Y tiene razón: lo que ocurre que la minoría torcida son los casos más resonantes y que no deberían encontrar el terreno despejado para operar, como ocurre hoy.
Ahora, el sistema tendrá entre ceja y ceja el recambio de jueces y también de empleados menores, que también deben ser abogados. El primero es el movimiento más gigantesco de jueces y funcionarios que se haya producido en la historia de San Juan, en medio de un clima que no ayuda en nada. El segundo, son los empleados, con antecedentes que no tampoco en nada y el fantasma del nepotismo y el amiguismo revoloteando arriba de la Corte.
En los próximos días habrá que cubrir las vacantes de 7 magistrados, entre jueces y camaristas. Eso significa que también habrá que designar a los empleados para integrarlos. ¿Aprovechará el sistema esta oportunidad de oro para amigarse con la sociedad?
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Círculos de la felicidad, amistades sospechosas, cadenas de enriquecimiento, cuervos, clientes estafados, codazos por el poder, especies recientes en las que se extraña cada día más la dimensión ética de la profesión.
Por el agujero de la Fiscalía se escaparon históricamente no sólo millones de pesos que no debieron salir, sino también miles de hectáreas que los particulares arrancaron al Estado aprovechándose que nadie lo defendía.
En el Foro dicen que son muchos más los abogados que guardan buena conducta que los que no. Tienen razón: lo que ocurre que la minoría torcida son los casos más resonantes y que no deberían encontrar el terreno despejado para operar.
