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Continuidad educativa: El desafío de corregir el rumbo - Por Gustavo Martínez Quiroga

Por Redacción Tiempo de San Juan

Por Gustavo Martínez Quiroga
Periodista

Si con el mismo equipo de colaboradores que viene arrastrando casi desde su primera gestión, José Luis Gioja arañó el 70 por ciento de los votos en las últimas generales, es casi de sentido común mantenerlo. Sin embargo en un análisis menos simplista, hay grandes asignaturas pendientes en algunas áreas básicas que están requiriendo una dosis adicional de voluntad política. Es el caso de Educación.

En tierras de Sarmiento, llevamos cuatro años con un proyecto de educación cajoneado en la Legislatura. Recién en 2013 vence el plazo de seis años (largo plazo si los hay) que se dieron los diputados para adecuar los contenidos de la ley provincial a la ley de Educación Nacional. Mientras tanto zafamos con una especie de engendro neoliberal con parches menos ortodoxos.

A cinco años de la ley que establece la Educación Sexual Integral Obligatoria en las escuelas, San Juan se da el lujo de no aplicarla, como si sus índices de abuso sexual, embarazos no deseados y aborto adolescente fuesen inferiores a la media nacional. ¿Hasta cuándo y con qué nuevas excusas resistirá la ministra Díaz la obligación legal?

Se han inaugurado nuevas escuelas, ha mejorado la infraestructura y aunque con cierto retraso, se ha entregado gran parte de las netbooks del programa “Conectar Igualdad “. Sin embargo no se ha capacitado a los docentes para poder usar esa herramienta en el aula y en muchos casos, los establecimientos no tienen conectado el servicio de internet.

Increíblemente, a casi 20 años de recuperar la democracia, en la mayoría de las escuelas secundarias no hay centros de estudiantes. Y, por lo visto, tampoco hay un incentivo oficial desde la cartera educativa para que se organicen y comiencen a funcionar. Para algunos directivos y funcionarios, tener a los estudiantes sin voz ni voto es evitar problemas. Resulta paradójico: En la currícula teórica se enseña el sistema democrático de gobierno, pero la democracia está lejos de ser una realidad práctica en las aulas.

En el mismo sentido, la Constitución de San Juan establece que debe crearse en cada escuela un Consejo Escolar integrado por padres, docentes, y alumnos, elegidos por sus pares y presidido por la autoridad del establecimiento. A 25 años de haber sido promulgada la Carta Magna, los consejos siguen siendo una idea en la mente de los convencionales de entonces. Nada de co-gobierno escolar, no vaya a ser que la vieja institución vertical y autoritaria comience a desmoronarse.

El sistema disciplinario que expulsa en lugar de incluir, debe cambiar. El sistema de evaluación, que concentra todos los exámenes en un mismo período de tiempo, debe cambiar. El modo enciclopedista de llenar la cabeza de los chicos de enseñanzas de dudosa utilidad debe dar paso a una formación más íntegra y humana, basada en valores que sirvan para la vida.
Las publicaciones enviadas por el ministerio de Educación de la Nación deben ser distribuidas, comentadas y debatidas, nunca archivadas en armarios y oficinas.

En fin, siempre una nueva etapa, aún en el marco  de evidente continuidad sirve para rediseñar políticas, revisar errores y establecer nuevas metas. Esperemos que el cansancio proclamado por la ministra Cristina Díaz no le impida afrontar el desafío.


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