San Juan, la tercera provincia con más glaciares: cuántos hay, la amenaza y las fallas de la ley que los protege, según un experto de la UNSJ

El Magíster Silvio Pastore, coordinador del gabinete de Geología, Glaciología, Nivología y Cambio Climático de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), presentó una exposición que resume 15 años de estudios y actualizaciones del inventario glaciar. Además explicó las deficiencias que asu entender tiene la ley de glaciares, las cuales coinciden con lo que reclama el gobierno provincial y las mineras.

Su diagnóstico combina datos poco conocidos, alertas ambientales y observaciones técnicas del tema que por estos días marca el rumbo del debate nacional. El gobierno nacional incluyó en el temario de sesiones extraordinarias tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado, el proyecto aclaratorio de la ley de glaciares, un tema clave para la minería de San Juan.

Cuántos glaciares tiene San Juan

San Juan es la única provincia argentina que construyó su propio mapa de inventario provincial de glaciares que se ha ido actualizando y cuanta con alrededor de 6.000 glaciares en su territorio. En una charla informativa realizada días atrás en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Pastore expuso estos números:

• Inventario 2017 (cuenca del Río San Juan): 5.530 glaciares, menos de 500 km².
• Inventario provincial 2018: 6.174 glaciares en total, con una superficie de 596,8 km².
• Actualización 2022 (cuenca del Río San Juan): 3.912 glaciares, 471,59 km².

Estos datos posicionan a San Juan como la tercera provincia con mayor área de glaciares del país, concentrando casi el 11% del total nacional. Está detrás de Santa Cruz que concentra casi el 60% del área de los glaciares de la República Argentina y de Mendoza que tiene casi el 21,5%.

La mayoría de los glaciares sanjuaninos se concentran en el sistema hídrico del Río San Juan y el resto, en la cuenca del Río Jáchal.

Además, el 74% del agua sólida de la provincia proviene del ambiente glaciar, y el 26% del ambiente periglaciar, donde se encuentran los glaciares de escombro.

La amenaza: un retroceso acelerado

Pastore fue contundente al alertar sobre la dinámica glaciar y la velocidad del deterioro a causa del clima. “En tan solo cinco años, la provincia ha perdido más del 50% del volumen de hielo del ambiente glaciar de la cordillera debido al clima actual, un fenómeno que es sumamente alarmante en tiempos geológicos”, indicó.

El experto advirtió que el cambio climático está reduciendo la “parte blanca” de los glaciares a un ritmo acelerado que compromete las reservas hídricas estratégicas de la provincia.

Las deficiencias técnicas de la Ley de Glaciares

En un momento donde la Ley de Glaciares está bajo revisión nacional, Pastore destacó cuatro observaciones que hoy resultan claves para provincias mineras, investigadores y legisladores:

• Delimitación del ambiente periglaciar: la ley vigente actualmente ordena protegerlo, pero Pastore advirtió que “no existe tecnología mundial para trazar una línea en un mapa que defina el límite del ambiente periglaciar”. Agregó que “técnicamente, delimitarlo es imposible sin una cantidad infinita de recursos para instrumentar toda la cordillera.”

• La ley no define qué es una reserva hídrica estratégica. Pastore explicó que un concepto central en la norma está vacío, porque la ley prohíbe actividades en áreas estratégicas, “pero no define qué constituye una reserva hídrica estratégica, ni quién o cuándo se la define.” Esa falta de precisión impacta en la investigación y en la evaluación ambiental.

• Inventario sin reglas claras para actualizaciones. Aunque la norma nacional indica que deben hacerse cada cinco años, Pastore remarca que no establece cómo agregar o quitar cuerpos que quizá han desaparecido, quién lo decide, ni cómo reclasificar cuerpos que estudios posteriores con tecnología más avanzada determinan que no son glaciares.

• Ambigüedades que afectan tanto lo ambiental como lo productivo. Según el experto, estas fallas técnicas terminan trabando investigaciones científicas, decisiones ambientales y proyectos productivos en zonas cordilleranas que se encuentran en “grises” normativos.

Un diagnóstico que llega en un momento clave

Mientras gobernadores de provincias mineras impulsados por la provincia de San Juan buscan impulsar una ley aclaratoria a nivel nacional, los datos presentados desde esta jurisdicción aportan evidencia concreta para sostener el debate que seguramente se dará en el Congreso.

El retroceso del hielo, la magnitud de las reservas sólidas y las inconsistencias técnicas de la norma que han sido ampliamente estudiadas en San Juan se van a convertir en argumentos clave al momento de discutir cómo proteger mejor el recurso sin bloquear decisiones científicas, mineras o productivas.