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Escandalosa confesión

El empresario Gabriel Romero admitió haber pagado por un decreto presidencial

El dueño de EMEPA declaró en la justicia que pagó coimas para que el gobierno de Cristina Kirchner le extienda la concesión de la Hidrovía. También afirmó que le daba sobornos a Ricardo Jaime.

Por Redacción Tiempo de San Juan

El 20 de enero de 2010 el puntilloso chofer Oscar Centeno hizo una anotación que reza: "13.35. Ministerio, lo llevé al Lic y a Nelson a Corrientes 316, donde nos esperaba un señor. Luego subió al edificio con el Lic Baratta; luego bajaron con un bolso con dinero aproximadamente por el tamaño unos 800.000 U$S, subió al auto con el bolso el Lic. y los llevé al Ministerio".

El licenciado del que habla Centeno es Roberto Baratta, quien fuera la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación durante los 12 años de kirchnerismo.

Nelson es Nelson Lazarte, secretario privado de Baratta, quien, según el relato de Centeno, era el fiel compañero en las tareas recaudatorias en bolsos de coimas. Baratta y Lazarte están detenidos por orden del juez Claudio Bonadio, a cargo del caso que comenzó a partir de las copias de los cuadernos de Centeno.

La dirección que aparece en aquella anotación del chofer de Baratta es la del edificio donde se encuentra la sede central de la empresa EMEPA.

Anteayer, Gabriel Benjamín Romero, dueño de esa importante compañía, declaró como arrepentido ante Carlos Stornelli, el fiscal del caso iniciado por los cuadernos. Hoy volvió a declarar ante el juez y el fiscal del caso. Admitió  haber entregado dinero a Baratta aquel día. La empresa EMEPA explota desde hace unos 20 años un enorme negocio que es la Hidrovía y también está a cargo de Ferrovías, que explota ferrocarriles, que estaba bajo la supervisión de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte del kirchnerismo, preso y coimero confeso.

Según pudo confirmar Infobae en fuentes vinculadas a la investigación, Romero admitió dos pagos, uno que se hizo el 20 de enero de 2010, un día antes que se publicara el decreto 113/2010 por el que se renegociaron las condiciones del contrato de explotación de la Hidrovía. A partir de ese decreto el Estado le extendió en el tiempo la concesión del cobro de peajes por el río a la firma Hidrovía S.A. y le permitió ampliar la traza de la vía navegable más importante de la región.

Por su parte, la empresa se comprometía a modernizar el sistema de señalización y el dragado. El otro pago se produjo semanas después de la firma del decreto de Cristina Kirchner. Aunque en la cifra no coincidió con lo que había escrito Centeno. Era un poco menos que lo narrado por el ex chofer de Baratta.

Aquel decreto firmado por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner ratificaba el acuerdo que había rubricado la empresa Hidrovía S.A. con la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, que básicamente adecuó los convenios con los prestadores luego de la salida de la convertibilidad de 2002.

El decreto por el cual el Estado acordó con la firma Hidrovía fue firmado también por el entonces ministro de Economía Amado Boudou, el de Planifiación, Julio De Vido, y por quien fuera jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Romero señaló que se hicieron dos pagos por el decreto y que, según Baratta, que fue el cobrador, ese dinero debía "subir" en la escala gubernamental. A raíz de las confesiones de Romero, el juez Bonadio ordenó liberar a Rodolfo Poblete, directivo de EMEPA, por debajo del dueño.

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