En un giro dramático para la política comercial de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció la implementación de un nuevo arancel global tras recibir un revés histórico por parte de la Corte Suprema. El máximo tribunal dictaminó este viernes, en una votación de 6 a 3, que los aranceles previos impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) son inconstitucionales. La sentencia establece que el mandatario excedió su autoridad al arrogarse facultades que pertenecen exclusivamente al Congreso, señalando que la IEEPA no otorga el poder de imponer gravámenes de manera unilateral e ilimitada.
Trump enfrenta a la Corte Suprema, y anuncia un arancel global del 10%
Tras el cachetazo judicial, el presidente Donald Trump redobló su avance en la guerra comercial global.
A pesar de que su consulta menciona un arancel del 15%, las fuentes disponibles indican que el mandatario anunció un nuevo gravamen global del 10%. Esta medida se ampara en la Sección 122 de la ley comercial, una alternativa legal que permite la imposición de aranceles por un periodo máximo de 150 días. Durante una comparecencia en la Casa Blanca, Trump calificó el fallo judicial como "profundamente decepcionante" y una "auténtica vergüenza para nuestra nación", dirigiendo duras críticas incluso hacia jueces conservadores que él mismo nominó.
El fallo de la Corte Suprema no solo anula las políticas arancelarias introducidas desde abril, sino que abre la puerta a una compleja batalla legal por la devolución de decenas de miles de millones de dólares recaudados de forma irregular. Se estima que, entre enero y diciembre de 2025, el gobierno recaudó más de 200.000 millones de dólares a través de estos gravámenes, de los cuales los consumidores y empresas estadounidenses terminaron pagando casi el 90%. El presidente del tribunal, John Roberts, enfatizó en la sentencia que cualquier facultad de tal amplitud requiere una autorización clara del Congreso, la cual no fue identificada en la legislación invocada por la administración.
Ante este escenario, la Casa Blanca busca desesperadamente mantener los ingresos arancelarios recurriendo a otros estatutos, como el código comercial de 1974. Además del nuevo impuesto transitorio del 10%, Trump adelantó que se iniciarán investigaciones bajo la Sección 301 para identificar "prácticas comerciales injustas" y establecer nuevos aranceles de carácter permanente. Mientras tanto, el mercado global y las empresas locales permanecen en alerta ante el impacto que esta persistente política proteccionista pueda tener sobre la inflación y la estabilidad económica.