Ojo con el uso del ataque contra la menor

Por Sebastián Saharrea

Ricardo y Viviana son, sin dudas, las personas más doloridas además de la propia víctima por el salvaje ataque que sufrió la menor a manos de sus “amigos y compañeros” y que tan profunda huella ha generado no sólo entre la familia sino también en la sociedad completa, afectada y golpeada por el desquicio de un grupejo de jóvenes salidos de matriz.
Sobrevuelan seguramente a su alrededor todo tipo de sensaciones. Primero, la preocupación por la situación y el futuro de su hija, y la búsqueda de la mejor manera de protegerla. También sobrevuelan quienes hacen de este tipo de desgracias una oportunidad, con alguna ramificación por el costado político.

Ricardo y Viviana son los padres de la menor, tal vez involuntariamente incurrieron en eso por lo que se cuestiona a los medios de comunicación que hacen lo mismo: la identificaron. Solamente con su aparición a cara lavada y con nombre y apellido hicieron posible que cualquiera que quisiera seguirle el rastro pudiera obtener eso que habría que proteger: la identidad de la menor. Que, por otro lado, circuló generosamente en el ambiente intangible de las redes sociales y hasta quedó estampado en la pancarta principal de la marcha organizada para pedir justicia por la menor.

Nada fácil el rol de los padres en este caso, el de cualquiera en este trance. Compensar por un lado la necesidad de un scrum familiar para sacar fuerzas con las que enfrentar la dificultad, y por el otro descomprimir el apetito informativo con alguna aparición puntual que pudiera bajar –justamente- la exposición. Aunque en el medio queden algunos cabos sueltos o daños colaterales como esa identificación de la víctima.

A partir de allí, resulta de interés también evaluar el contenido de las palabras, también el contexto en el que se produjeron. El estado de emoción violenta siempre es un atenuante para amortiguar esas declaraciones, de todos modos siempre generan indicios. En este caso, para conocer qué piensa la familia.

Surgió de allí un par de declaraciones que hicieron ruido, no sólo por su significado textual sino también por la orientación del rumbo que puede tomar la cosa. Viviana, la madre, es una ex concejal de la Capital, ex candidata a intendenta y dirigente de un partido político importante. Ricardo, el padre, soltó firme en esa conferencia de prensa lo siguiente: que “la actuación de (el juez) Agudo me pareció apresurada, irrespetuosa y con una falta total de capacidad y conocimiento, cuando dijo que no hubo bulling”, y que “no hay duda de que poderes más altos a él han dado mensajes de que se callaran voces”.

Aquí es conveniente separar las aguas claramente, se acusa al juez de incompetente y también de ser una herramienta de alguna presunta estructura mafiosa destinada a silenciar un reclamo de justicia. Difícil las dos cosas a la vez, habrá que ir por parte.

La incompetencia del juez Agudo parece a primera vista evidente, es ésta una apreciación no nacida de su despeño técnico sino de su mirada social. Los jueces deben administrar justicia en base a pruebas, está bien, pero tampoco por eso deben vivir en un tupper. Entre los requerimientos mínimos a un magistrado debe figurar la obligación de saber medir la temperatura ambiente de un caso como éste, capaz de generar tremenda conmoción en la estructura social.
Lo que hizo Agudo fue ir a contramano de lo que se recomienda en el manejo razonable de un agravio social semejante: no sólo se declaró incompetente con extrema rapidez y derivó la investigación a la justicia de menores, sino que pronunció un par de párrafos imperdonables para cualquier piloto de crisis. En plena ebullición, sostuvo que no había manera de avanzar en la imputación de nadie, que no se trataba de bulling, y a otra cosa. Para los militantes de que los jueces hablen con la gente –en general por intermedio de los medios de comunicación- una gran marcha atrás. Ojo con lo que dice, señor juez.

Ahora claro que el tono de su señoría no tuvo más anclaje que en los datos objetivos presentes en el expediente. Para probar cualquier delito son imprescindibles las pruebas o los indicios fuertes, y es posible que en este caso los elementos más contundentes se hubieran perdido. En gran parte, como consecuencia de que este escándalo permaneció silenciado durante un día y medio, desde el viernes a la noche en que ocurrió hasta el domingo al mediodía siguiente cuando los medios lo convirtieron de un chusmerío en la web en información, teniendo en cuenta su grave significado social. En todo ese lapso, no hubo denuncias de nadie, ni de la familia ni de nadie, ni voces públicas de reclamo de justicia. Recién hubo denuncia a los dos días, el domingo a la noche, presentada por el fiscal Mallea y la Defensora de Menores ante el revuelo que había generado la información.

Es posible que en ese lapso se hubieran perdido pruebas vitales: ADN, huellas en la ropa. Pero las fotos que se conocieron son elocuentes sobre la posible comisión de un delito, cabe cómodamente preguntarse entonces qué más quiere el juez que esas imágenes para presumir que la menor pudo haber sido violentada por un mayor (él único a su disposición). Tampoco sus acciones fueron apropiadas: hasta los abogados penalistas se preguntan cómo no ordenó medidas que calmaran a la sociedad que pide justicia, como secuestro de celulares, dispositivos electrónicos, etc. Tampoco hubo medidas contra los dueños de la finca, más allá del amague de citarlos a declarar. En fin.

No, decidió desprenderse y listo, que pase el que sigue. Luego y a partir de esa inoperancia, ocurrió lo natural: que le saltara la gente a la yugular enfurecida, y de ahí a la próxima estación, una supuesta componenda para silenciar el caso. Curioso el término de silenciar porque hasta la denuncia forzada del fiscal nadie –ni familia, ni entorno, ni nadie-hizo demasiado para dar a conocer nada. Igual, Ricardo habló de poderes superiores a Agudo dando “mensajes para que se callaran voces”.

Sugiere la apreciación la existencia de una mano negra tratando de encubrir, una componenda judicial –otra más- para evitar que se haga justicia. No será aquí desde donde se salte a defender la probidad de los magistrados ni la imposibilidad de que ingresen en algún cono de intereses turbios, pero la realidad es que durante ese vacío de denuncia en este caso puntual hubo llamados de jueces y hasta de cortistas interesados en lo que había ocurrido. Y ese interés no estaba ni cercanamente apuntado a evitar que se investigara sino a exactamente lo contrario, a promoverlo.

Agudo se quitó la brasa caliente de encima, la misma que ahora está en el escritorio de la jueza de menores María Julia Camus. La escolta el sonido de las marchas pidiendo justicia y marcándole el paso con el nombre de la menor en la pancarta frontal. Sano ejercicio ciudadano el de reclamar justicia. En medio de tanto alboroto, importante también conocer que a esa marcha no la convocaron los padres sino que se originó de manera espontánea. Y también, que hubo dirigentes opositores invitando a concurrir para agrandar la movida. Bueno es saberlo en medio del enojo público bien fundamentado y de cientos de manifestantes de buenas intenciones.

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Ojo con el uso del ataque contra la menor - Por Sebastián Saharrea

Hubo leves movimientos para el ingreso del caso en la esfera de la política. Hay gente sobrevolando, afortunadamente hay otra gente tratándolo de impedir.

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