La pandemia de coronavirus reavivó un conflicto de vieja data en Argentina. Esta vez, propietarios y arrendatarios tienen visiones distintas sobre el Decreto Necesidad y Urgencia 766/2020 que prorroga una vez más, y hasta el 31 de marzo, el congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos de viviendas familiares en todo el país. Una medida que fue pensada inicialmente para aminorar el déficit habitacional que podía generar el virus con su consecuente enfriamiento de la economía. En San Juan, aseguran que la medida del Gobierno nacional causará una verdadera "catástrofe" para el sector. Mientras que los arrendatarios defienden el decreto y denuncian "hostigamiento" y amenazas de parte de los locadores.
Alquileres en San Juan: propietarios hablan de "catástrofe" e inquilinos de "hostigamiento"
Tiempo de San Juan habló el secretario de la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria local, Mauricio Turell, quien destacó la "preocupación" de la entidad por el "daño grande" que el Estado le causa a los inversores. "La situación es lamentable, el DNU hace que el negocio sea inviable para el propietario", indicó. Pero puntualizó en la situación de los inquilinos, "lo único que hacen es endeudarse".
De acuerdo al decreto, el locatario debe afrontar al final de la prórroga la deuda que, mes a mes, sumó por el congelamiento. Según informaron, será en 3 o 6 cuotas en efectivo, o en línea al acuerdo al que haya llegado con el dueño del inmueble. "Además, es muy probable que cuando llegue ese momento, el propietario no quiera renovar el contrato porque no le conviene seguir invirtiendo en eso", dijo Turell, "entonces van a tener que salir a buscar un alquiler y no van a encontrar". Esto sucederá porque la demanda supera en un 80% a la oferta, conforme a los datos de la cámara.
"Esta situación de acentúa mes a mes", enfatizó el secretario. Y agregó que "vamos a algo muy peligroso". A saber: "A los inquilinos los están endeudando de manera oculta, les hacen creer que los están ayudando en nada y el propietario pierde interés en invertir". En tanto, Turell argumentó que tras la finalización del decreto: "Supongamos que el Estado abra una línea de crédito para ´tu primera vivienda´, de qué manera van acceder los inquilinos si van a estar en el Veraz".
De momento, el mercado inmobiliario sanjuanino "no está dolarizado", señaló Turell, y lo tomó como un factor positivo para los arrendatarios. Aunque la negativa de los locadores a renovar los contratos dará de lleno en el bolsillo de los locatarios. Al superar la demanda a la oferta, "los inquilinos van a tener que buscar durante tres meses una nueva locación", de mínima. Y desembolsar una cuantiosa cantidad de dinero. Incluso, de conseguir, la mensualidad de una casa para una familia tipo, "estilo IPV", es de 25.000 pesos. Es decir, por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil.
Para Víctor Bazán, de la Asociación de Locatarios de San Juan, la situación es muy distinta. "El decreto sirve porque en el transcurso del tiempo los inquilino no han aumentado su salario ni ingresos en razón a lo que la inflación aumentó", entonces no puede pagar aumentos definidos por el mercado. "Esta medida la tomó el Gobierno nacional para que no haya un montón de inquilinos en la calle", que es lo que puede suceder después del 31 de marzo, cuando venza el DNU 766/2020. Asimismo, Bazán cruzó a Turell por los dichos sobre la no renovación de los contratos y habló de "hostigamientos" reiterados de los propietarios. "Dicen que si vos te ajustas al decreto, no te van a renovar el contrato", expuso el representante de los locatarios. Es en ese momento, siguió, cuando "ofrecen firmar un nuevo contrato" con aumentos que rondan el 70%.
Sobre eso, Bazán resaltó que "es una amenaza encubierta" porque los locadores conocen que buscar un nuevo alquiler involucra gastar, de entrada, 75.000 pesos: "Pagamos a los corredores inmobiliarios un mes de alquiler (25.000 pesos), más el mes adelantado (25.000), más el mes de depósito (25.000 pesos). Por esto es que sostuvo que muchos ceden ante este tipo de presiones. "Acepto una renovación que me aumenta el doble, pero no desembolsillo esa cantidad de plata", razonó. Y discrepó con el porcentaje de aumento que aplican: "No sabemos a que se ciñen, porque el dólar y la inflación no son".
Por otro lado, Bazán argumentó que los inquilinos pagan más de lo que deberían. "Los inmuebles están sobrevalorizados", dijo. En ese sentido, explicó que los propietarios no asumen la depreciación de las locaciones. "Establecen en canon locativo de acuerdo a la valoración fiscal del mercado, pero pagan impuestos menores gracias a la valoración fiscal estatal que es menor", refirió.
En relación al desendeudamiento por los meses de congelamiento, el titular de la asociación dijo que la Federación de Inquilinos Nacional presentará una propuesta al Gobierno de Alberto Fernández para generar un "estilo ATP". Y se animó a establecer un contrapunto importante con la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria local, "¿Quiénes van a poder recibir ese dinero si la mayoría de los contratos son en negro?", cerró.