Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE La ley que crea el Programa de Incentivos Fiscales a la Inversión Productiva en la Provincia de San Juan fue sancionada hace algunas semanas por la Cámara de Diputados y ya rige con la publicación de la misma en el Boletín Oficial.
La iniciativa busca crear un beneficio expresado en créditos fiscales para empresas que inviertan en la provincia y ayuden a generar empleo y desarrollo en San Juan.
Hasta ahora la única cifra conocida era el monto total que la Provincia destinaría al programa: $1.000 millones en certificados aplicables para cancelación de todos los impuestos provinciales, con vigencia por cinco.
Detalles
El incentivo fiscal será de hasta un 80 % para aquellos proyectos cuyo monto sea inferior al equivalente en pesos de 1 millón de dólares al momento de la presentación.
Para aquellos proyectos que superen el equivalente en pesos de 1 millón de dólares, el incentivo será de hasta un 60 %.
En ambos casos la diferencia restante deberá ser aportada por la empresa para completar el monto total del proyecto.
La ley señala que el programa se implementará a través de Concursos Públicos Independientes de Proyectos destinados: a) Inversores radicados en la Provincia; y b) Inversores nuevos que se instalen en la Provincia.
En estos concursos, y para garantizar la transparencia en la evaluación de los proyectos, se requerirá asesoramiento especializado, para obtener dictámenes evaluatorios de instituciones independientes.
Para la evaluación y aprobación de las propuestas de inversión se constituirá un comité que estará integrado por los siguientes miembros: uno por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico; uno por el Ministerio de Hacienda y Finanzas; uno por el Ministerio de Turismo y Cultura; uno por el Ministerio de Minería; uno por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; uno por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación; y uno por la Agencia San
Juan Desarrollo de Inversiones (ASJDI).
El comité y la ASJDI redactarán un reglamento operativo, donde se establecerán las bases y condiciones de los concursos públicos y la forma de evaluación de las propuestas.
En los proyectos presentados se ponderará:
a) el nivel de inversión total;
b) la generación de nuevos puestos de trabajo directos;
c) la inversión que utiliza insumos locales;
d) la capacidad económica y técnica del proponente;
e) y la sustentabilidad técnica, económica y ambiental del proyecto propuesto.
Asimismo, se establecerán los cupos máximos del beneficio fiscal a asignar a cada sector económico.
El artículo 6 de la ley establece que los certificados son de libre disponibilidad y se utilizarán exclusivamente para cancelar obligaciones fiscales provinciales en los porcentajes que establezca la reglamentación. El beneficiario podrá utilizar dichos certificados para compensar sus propias obligaciones fiscales o transferirlos, por única vez, a otros contribuyentes.