El Gobierno está
preparando una ambiciosa reforma del Impuesto a las Ganancias, que podría
llevar el mínimo no imponible del tributo hasta los $40.000 y $50.000 mensuales
de sueldo para la cuarta categoría. Incluiría además una ampliación sustancial
de las bandas, mejorando los ingresos de un amplio universo de los actualmente
afectados por el tributo. Sin embargo, la intención choca con una seria traba
político-económica: por ahora, los gobernadores no les darían la venia a sus
diputados y senadores para que aprueben antes de fin de año el proyecto, ya que
implica una menor recaudación coparticipable y, en consecuencia, menos ingresos
para las provincias en medio de un 2017 electoral. Según le dejaron claro los
gobernadores al Ejecutivo ayer, sólo avanzaría este proyecto si sus ingresos
fiscales para 2017 están garantizados.
Mauricio Macri dio la venia y desde el Ministerio de
Hacienda ya se trabaja en la reforma impositiva que se presentará en sociedad
antes de septiembre próximo y que debería ser tratada por el Congreso en sintonía
con la primera Ley de Presupuesto 100% confeccionada por el actual Gobierno. Si
bien las líneas generales de esta ley ya se conocen (inflación de menos de 25%
anual, crecimiento de entre 3% y 3,5% y un dólar controlado entre los $16 y
$17), el capítulo más complejo es el impositivo. La ley debe incluir un alza en
la recaudación lo suficientemente sólida como para que se garanticen los
ingresos fiscales que necesita el Gobierno nacional, así como los de las
provincias vía la coparticipación federal, sumando además el financiamiento
para el ambicioso (e imprescindible en años electorales) plan de obra pública
para todo el país. Para que estos fondos estén garantizados, debe existir una
recaudación suficiente de Nación como para que el financiamiento necesario
tenga respaldo. La alarma generalizada se encendió al comenzar a estabilizarse
el nivel de ingresos mensuales por debajo de la inflación real.
En julio, por
ejemplo, la recaudación impositiva creció 23,4% con una inflación anualizada de
más de 40%. La explicación que ayer dieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el
ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y el de Interior, Rogelio Frigerio, es
que la brecha se debe a la devolución del IVA aplicada por el Gobierno
nacional, la baja de 5% en las retenciones al campo y las mejoras en Ganancias,
todas políticas impositivas que continuarán en 2017 y que, incluso, se
profundizarán. Esto implicará que si la economía no muestra un crecimiento
sólido el próximo ejercicio, la recaudación continuará resintiéndose.
Aquí es donde comienza la polémica con la mejora de
Ganancias para la cuarta categoría. El Gobierno ya está trabajando con un grupo
de expertos, que antes de septiembre debería entregar un paper que luego
evaluarán los equipos de Prat Gay, del titular de la AFIP, Alberto Abad, y
finalmente Peña y el resto del gabinete económico. La idea es incluir mejoras
en Bienes Personales, cambios en algunos tributos y, fundamentalmente, la
reforma más ambiciosa en más de una década en el tributo a las Ganancias para los
trabajadores en relación de dependencia y los trabajadores autónomos. Si bien
el proyecto está en una nivel de análisis preliminar, el nuevo mínimo se
elevaría por encima de los $40.000 mensuales. Sin embargo, lo más destacado es
una ampliación importante en las escalas, incluyendo un coeficiente de
actualización anual para que la mejora se sostenga en el tiempo. El problema es
que esta iniciativa debe ser aprobada por el Congreso, donde, en especial en el
Senado, la llave de la aprobación la tienen los gobernadores.
