Molinos admite reclamo del fisco de $1100 millones

Las definiciones del organismo recaudador "se basan en ciertas observaciones al tratamiento dispensado por Molinos a las normas relativas a los precios de transferencia", precisa la nota. Los precios de transferencia son los fijados en las transacciones internacionales entre firmas que pertenecen a un mismo grupo empresario, y suelen ser utilizados como un mecanismo de evasión o elusión de impuestos. Los saldos a favor del fisco por diferencias en el pago de Ganancias, según la AFIP, son de $ 63,2 millones más 157,7 millones de intereses para el período 2006. En tanto, por el período fiscal 2007 la determinación del organismo es de 282,4 millones de pesos más intereses por 635,4 millones.

La nota a la CNV y la Bolsa -firmada por la gerenta de Asuntos Legales y Compliance de Molinos, Ana Carina Turco Grecco- señala que la empresa "ha cumplimentado debidamente todas las disposiciones impositivas vigentes, incluyendo las atinentes a precios de transferencia". En ese sentido, anticipa que "interpondrá todos los recursos de apelación correspondientes, ante el Tribunal Fiscal de la Nación y todas las instancias judiciales posteriores competentes, y en general, ejercerá plenamente su derecho de defensa correspondiente”.

En algunos puntos geográficos de la Argentina siguen existiendo situaciones laborales más propias del feudalismo que del siglo XXI.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a cargo de Ricardo Echegaray, informó oportunamente que detectó una presunta trata de personas en un establecimiento dedicado a la producción de ladrillos cocidos en hornos a leña ubicado en la provincia de Córdoba.

En la provincia en cuestión se constató el empleo laboral de un menor de edad y una evasión previsional e impositiva anual por 677 mil pesos.

El organismo contralor informó esta tarde que el operativo se realizó en un predio de dos hectáreas ubicado en el paraje Pozo de la Loma, a unos 15 kilómetros de la localidad cordobesa de Santiago Temple, que es explotado por un hombre de 69 años, que sería el titular del inmueble.

Allí, los trabajadores realizaban sus tareas en condiciones de extrema precariedad, hacinados en pequeñas viviendas sin luz eléctrica ni agua potable y con jornadas de trabajo en los hornos que duraban 14 horas diarias durante los siete días de la semana.

En el mencionado procedimiento, realizado por los funcionarios de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social, se identificó a cuatro personas oriundas de la provincia de Chaco, entre ellas un menor de edad.

Los trabajadores que se encontraban en situación de semiesclavitud habían sido reclutados en su lugar de residencia con la falsa promesa de un empleo digno por el que finalmente no recibieron pago alguno, y eran alojados en un campamento laboral donde se les brindaban alimentos y medicamentos como única recompensa por su trabajo.