En mayor o menor medida, la empresa Delphi Packard SA que produce mazos de cables en Santa Lucía para todo el mundo, pertenece al fondo Elliot Managment, con el que Paul Singer consiguió un fallo del juez Thomas Griesa para cobrar U$S 1.400 millones. Hay quienes sostienen que está controlada en su totalidad por la internacional Delphi, aunque en la propia empresa dicen que la participación de Singer es menor al 1%. En lo que todas las fuentes coinciden es que hay participación del financista dueño de los fondos buitres, y en que el incidente judicial en New York y lo que ocurrió con la empresa gráfica Donnelly (también de capital EEUU, que cerró intempestivamente hace tres semanas) ponen incertidumbre sobre su permanencia. Hubo algunos pasos extraños en los últimos días en ese mismo sentido.
La gravitación de Delphi en la industria sanjuanina no es menor: se trata de la segunda empresa con mayor cantidad de empleo privado en la provincia. Perteneció durante muchos años al holding mendocino de Enrique Pesacarmona, hasta que éste tuvo que venderla jaqueado por las deudas y el fin de la promoción industrial a fines del 2012.
A principios de 2013 hizo su entrada en escena la empresa de Singer, Delphi: compró TCA en San Juan y hasta recibió de parte de la ministra de industria nacional, Débora Giorgi, el incentivo de ser subida a la mesa de homologación para la sustitución de importación. Poco después explotó en la cara el fallo de Griesa y el embargo de Singer a la fragata Libertad.
Paul Singer se hizo de Delphi de la misma manera en que opera con el resto de sus activos: aprovechó su baja cotización y adquirió sus acciones a cambio de su deuda, a muy bajo precio. Fue cuando se precipitó la crisis por las hipotecas en EEUU y todo se vino abajo. Delphi era subsidiaria de General Motor, una de las tantas empresas que entró en crisis y tuvo que achicarse. Allí apareció Singer, compró su deuda y aprovechó los estímulos de Obama, que puso casi U$S 13.000 millones en su industria automotriz para salvarla de la hecatombe. Entre los que se beneficiaron estuvo Singer en primera línea con su empresa Delphi, la misma que poco después desembarcó en Argentina y en San Juan.
Hasta que ahora, con la crisis de la deuda de Argentina en poder de Singer y el fallo de Griesa, la situación de la planta de Santa Lucía comenzó a ponerse turbia. Porque simultáneamente con el fallo, la empresa de los fondos buitres en San Juan suspendió personal y ahora tiene un plan previsto sólo para dos meses más. De allí en adelante, nadie puede garantizar nada.
Otra de las señales de alerta que se encendió es lo que ocurrió en la empresa Donnelly, la imprenta que hace tres semanas se presentó en quiebra y cerró las persianas, dejando en la calle a una cantidad de empleados similar a la de Dolphi en San Juan: 450 trabajadores. Inmediatamente, el gobierno argentino cargó contra la decisión porque entendió que se trató de una quiebra fraudulenta, teniendo en cuanta que a su criterio no tenía sustento en los balances y el patrimonio neto superavitarios de la empresa y que fue dictada en tiempo récord por el juez que intervino. Pidió entonces que se diera marcha atrás con la quiebra -que impide a los trabajadores despedidos cobrar las indemnizaciones de manera inmediata- y que se aplicara la ley contra la alteración del orden económico porque entienden que fue una maniobra para desestabilizar al país.
Hubo incluso dirigentes que vincularon verbalmente a Donnelly con los fondos buitres, aunque de eso no hay pruebas. Sí las hay respecto de Dolphi, abiertamente asumida por Elliot Managment como una empresa propia.
-¿Ustedes no temen que pase algo parecido a lo de Donnelly -donde la empresa iba bien hasta que cerró sorpresivamente- con TCA?, ¿nadie les adelantó nada?, preguntó este diario a Rolando Manzanelli, titular local del gremio del plástico al que adhiere la gran mayoría de los trabajadores.
-A nosotros nos dijeron que no tienen ninguna instrucción, ninguna bajada de línea. Acordamos un plan para superar la crisis del sector en los últimos meses y hay un organigrama hasta setiembre. Después no sabemos nada. Tenemos que estar atentos, pese a que tenemos una buena relación.
La crisis a la que hace mención Manzanelli es la que impactó en todo el sector autopartista del país como consecuencia de las restricciones externas, especialmente la caída de la demanda brasileña. Por eso, en mayo se firmó un convenio entre la empresa y el gremio para suspender al personal durante 8 días hasta agosto, a la espera de la reactivación. El acuerdo fue homologado por la Subsecretaría de Trabajo y se cumplió al pie de la letra. En agosto, los días de suspensión fueron menos (cinco) y en setiembre anuncian que habrá sólo 4, pero por falta de materia prima y el gremio dice que ya no quiere suspensiones sino adelanto de vacaciones. Dicen que en octubre mejoraría la demanda, pero que en la empresa no hacen ningún plan más allá de eso.
Sí hubo algún dato que llamó la atención. Por ejemplo, que el gobierno le propuso el plan REPRO para atravesar el temporal , y la empresa lo rechazó. Es un aporte de $2.000 pesos en subsidios por trabajador, que corre por cuenta del Estado mientras se verifique una situación de crisis. No es poca plata: multiplicado por los casi 500 empleados de la empresa, son casi $1 millón mensual, y por eso llama la atención que no los hubiera aceptado.
En el medio opera la usina de rumores sobre un eventual levantamiento intempestivo del campamento local, al estilo de lo que ocurrió en Donnelly. Hace 10 días, el 19 de este mes, el portal de noticias Infogremiales.com -especializado en la actividad sindical- publicó una información sobre esas versiones. Sostuvo que “desde hace días se rumorea que la empresa multinacional autopartista podría cerrar su planta en San Juan”, argumentando que “el clima del sector automotriz y la salida de otra empresa de origen norteamericano como Donnelley siembran dudas”.
Invoca a “fuentes empresarias” y sostiene que “desde la planta sanjuanina se estarían enviando partes y piezas a Brasil con la excusa de bajar inventarios”, pero que “todas las piezas corresponderían a un modelo de auto (B7) que sólo se fabrica en Argentina, con lo cual se estarían transfiriendo los stocks para que se armen en Brasil los mazos que se consumen en Argentina”. La publicación deduce que se podría tratar de una maniobra “escandalosa” porque “las piezas que se estarían transfiriendo fueron importadas aprovechando una franquicia especial con una reducción de aranceles del 2% como beneficio”. Hasta ahora, la empresa ha hecho silencio oficial.
viernes 3 de abril 2026
