Promoción industrial: la brasa caliente de la vía judicial
Quema las manos de quien la tenga. Los gobiernos no quieren ir contra una decisión de CFK. Los gremios dicen que “esperan órdenes” que no llegan. Las empresas operan en silencio. Y la justicia sacó el primer fallo en San Juan sin levantar la perdiz.
Por Sebastián Saharrea
Estos días son determinantes para la continuidad o el funeral del sistema de promoción industrial, una ley que con sus márgenes de sospecha y todo consiguió la radicación de cientos de empresas y la creación de miles de empleos en las provincias donde funciona/funcionó: entre ellas, San Juan. Mientras se agota el plazo de los cupos para reinvertir impuestos, comienza a hacerse sentir la pérdida del beneficio en el grueso de esas compañías a la espera de una reasignación que parece que no ocurrirá, recrudece el conflicto político entre las beneficiarias (San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca) y su gran sombra negra (Mendoza), y comienza a agitarse la vía judicial para que sean los tribunales los que decidan mantener la promoción.
El asunto es quién golpea las puertas de la justicia. En silencio para no abortar la estrategia, ya salieron dos fallos favorables a las empresas que se presentaron de manera individual: el primero fue en San Luis, donde la firma AVH –productora de material fílmico- obtuvo el aval de un juez, y la segunda fue la sanjuanina La Platense, que también se presentó y consiguió que un juez federal le diera la razón y suspendiera la ejecución de la AFIP, como contó en exclusiva Tiempo de San Juan la semana pasada.
Pero en medio de este panorama, lo que flota es la incertidumbre de todos los actores de esta película. No sólo por lo incierto del futuro de estas empresas que sin la promoción industrial no resultan viables, sino también por lo revuelto que aparece el clima político. Y la cuestión de fondo: sí, habrá que ir a la justicia para revertir lo que parece no ocurrirá, es decir la implementación del decreto 699 firmado por la Presidenta Cristina Kirchner, pero no reglamentado ante la queja permanente de Mendoza.
Habrá que descartar que lo hagan los gobiernos provinciales de las provincias. La razón es sencilla: ninguno de los gobernadores involucrados está en condiciones de salir a torear una decisión presidencial en los tribunales, porque de hacerlo podrían exponerse a represalias aún peores. Ni Lucía Corpacci en Catamarca, ni Beder Herrera en La Rioja, ni José Luis Gioja en San Juan. Ni siquiera Claudio Poggi, el gobernador puntano alineado con los Rodríguez Saá que ha restablecido un clima político de armonía entre la Nación y San Luis, roto desde hace décadas.
Apenas aparece en el plano político el senador riojano Jorge Yoma, un ex kirchnerista que viene ensayando el tono crítico desde hace algunos meses y es quien envalentona a empresarios, cámaras y gremios de su provincia para emplear la vía judicial. Y es visto con simpatía desde afuera.
Los gremios tampoco han avanzado demasiado. En La Rioja y en Catamarca, las centrales sindicales anunciaron que harían una presentación colectiva ante la Justicia Federal para que haga lo que no hizo el Ejecutivo Nacional: reasignar los cupos. Pero hasta ahora, ninguna ha ido hasta el hueso.
Ocurre lo mismo que los gobernadores: algunos más y otros menos, a todos les cuesta aparecer como litigantes de una medida del gobierno nacional con el que no quieren aparecer rompiendo, y menos aparecer como contraparte en un juicio. Menos aún, si entienden –como lo hacen- que se trata de una variable política, posible en consecuencia de ser conversada.
La CGT de San Juan anunció que se presentaría ante la Justicia Federal, pero que “espera una señal” del gobierno provincial. Y la estrategia del gobierno sanjuanino es no agitar el parche, con la ilusión de que alguna presentación individual de alguna empresa llame la atención, o que la Nación instrumente la solución que anunció.
Y al final quedan los jueces, que por lo bajo también se quejan por quedar ellos expuestos, firmando resoluciones contra los intereses del Ejecutivo nacional. A ningún juez federal de las provincias en cuestión les causa gracia aparecer en esa posición incómoda. Por lo bajo se preguntan: ¿por qué tenemos que ser nosotros los que solucionemos un diferendo político?
En efecto, el componente político ha cobrado aún más fuerza en este clásico que lleva varias décadas enfrentando a las provincias promocionadas con Mendoza, que se queja absurdamente por los beneficios de los vecinos. En esa provincia, la promoción ajena es cuestión de Estado y no nació aún el dirigente que consiga bajarle el precio: cualquiera –gobernador, ministro- que minimice el asunto recibirá la reprimenda mediática y social como si se tratase de un clásico perdido.
El asunto es que Cristina Kirchner firmó el decreto para reasignar los cupos –que lleva el número 699- y eso provocó un revuelo mayúsculo en Mendoza. Y resulta que el gobernador mendocino actual no es cualquiera para la Rosada: Francisco “Paco” Pérez es uno de los gobernadores que el kirhnerismo siente como propios, y en consecuencia están dispuestos a no dejarlo desairado, cueste lo que cueste. Dentro de una semana, Paco estará en San Juan para la Fiesta del Sol y es probable que se reanude el tema de la promoción en declaraciones a la prensa, pero nadie espera que haya allí alguna fumata blanca.
Por esa razón hay pocas esperanzas en conseguir que el decreto se implemente y la vía judicial será entonces lo único a mano para mantener con vida a la promoción. La Presidenta dijo en San Juan el año pasado, ante el pedido en público del gobernador Gioja, que no tomarán ninguna medida que implique la pérdida de algún puesto de trabajo. Esto implica algún “traje a medida” para las empresas, sin que signifique la continuidad de la promoción.
Ese tiempo de descuento ya comenzó, y entre las empresas temen que termine asfixiado a más de una, mientras esperan que llegue el remedio anunciado. Por eso, la vía judicial aparece como un modo de ganar días. Aunque sea con la soga al cuello.
Valot, la primera en problemas y con menos trabajo
La fábrica de artículos de limpieza radicada en San Juan por la promoción se convirtió esta semana en la primera en recibir una decisión de la Subsecretaría de Trabajo para su relación con los empleados.
La empresa tiene 70 empleados y si se concreta el fin del cupo de promoción industrial del que dispone debería recortar en unos 24 operarios. El caso llegó al organismo que dirige Roberto Correa Esbry, que anunció que se llegó a un acuerdo de suspender la labor un día a la semana, durante un mes, a la espera de una solución de fondo. Si eso no ocurre, el siguiente paliativo será el plan REPRO, un sistema por el cual el estado Nacional paga $1.000 por cada salario.
