Tras la polémica y el 'tirón de orejas' a empresas, qué pasa con el boleto escolar en San Juan

En ese contexto, Tiempo de San Juan consultó con uno de los empresarios que compone el sector y éste señaló, desde su perspectiva, que se trató de un episodio aislado y que la mayoría "está vendiendo el boleto escolar". Así lo aseveró el propietario de la empresa La Positiva, Ernesto Moyano, quien consideró que pudo tratarse de un "exceso de responsabilidad de parte del chofer" de la línea El Triunfo. 

"Desde nuestro lugar puedo asegurar que sí se vende el escolar, aunque la normativa que es amplia y exige la presentación de una certificación por parte del estudiante, que lleve un guardapolvo o algún uniforme y que haya actividad no se cumpla en su totalidad", señaló y agregó: "En perjuicio de que no hay clases presenciales, de igual forma se está cobrando el escolar". 

Moyano destacó que en la planilla del sistema SUBE, a la que Gobierno tiene acceso total, se puede comprobar que las empresas sí están cobrando el escolar. "Ahí se puede llevar el control tranquilamente", añadió. 

No obstante, el empresario no perdió la oportunidad para decir que muchas veces algunos usuarios se aprovechan del beneficio por demás. "Siempre hubo un abuso del boleto escolar, hay gente que lo usa para trabajar. Es por ello que en mi empresa, puedo afirmar, somos bastante rigurosos con el cumplimiento de las condiciones para cobrarlo", sostuvo. 

Si bien este medio intentó comunicarse con Jorge Armendariz, el Secretario de Tránsito y Transporte de la provincia para arrojar más luz sobre los interrogantes, no fue posible aunque el director de Control y Seguridad de Tránsito, Federico Rizo, ya había aclarado que las empresas "tienen que cobrar escolar hasta el último día de diciembre". "Corresponde que se cobre el boleto escolar a los universitarios", manifestó el funcionario. 

La legislación, a pesar de las restricciones en la circulación y en las actividades, sigue vigente. La misma inició el primer día hábil de febrero y finaliza el 31 de diciembre de este año. La penalización para las empresas que no respeten la normativa es una multa pero, en este caso particular, solo hubo un llamado de atención y un aviso para que la confusión sea aclarar.