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miércoles 1 de abril de 2026

Alcances inusitados

Cuarto caso: investigan si hubo responsabilidad de otros funcionarios sanjuaninos

El asesor letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo, no descartó que haya más personas que obraron con negligencia junto a la cuarta paciente, una médica a la que acusan de violar el protocolo.
Por Redacción Tiempo de San Juan

En conferencia de prensa, el asesor letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo, aseguró que puede haber funcionarios involucrados en los hechos delictivos que se investigan alrededor del cuarto caso de coronavirus en San Juan. Se trata del caso de la médica que padece coronavirus y que fue denunciada este lunes por la ministra de Salud, Alejandra Venerando, por violar el protocolo, ya que habría usado su chapa de médica del Rawson para entrar en áreas restringidas y acercarse a su hermano, con COVID-19 positivo, lo que generó que se contagiara ella. Además se investiga la conducta de la mujer que no mantuvo aislamiento social y hasta habría atendido a pacientes ya que es reumatóloga y compartido reuniones sociales,

"Se han aportado todas las pruebas pertinentes para llegar a una conclusión", expresó Lorenzo, que dio detalles sobre las medidas oficiales contra la médica que se convirtió en la cuarta paciente de COVID*-19 en la provincia y que fue denunciada penalmente por romper protocolos sanitarios, ya que se contagió por contacto estrecho con  su hermano que es el tercer paciente de coronavirus en San Juan. En este marco, afirmó que "en sede administrativa se han iniciado las acciones correspondientes, el sumario administrativo, para deslindar responsabilidades de todos aquellos funcionarios que podrían estar involucrados en esta situación que nos convoca". 

Sobre los alcances que pueda tener el castigo, en caso de hallar más de un responsable, Lorenzo dijo que "es una responsabilidad que surgirá conforme a las pruebas que se produzcan y la actividad de cada funcionario en el sector pertinente", pero citó que puede terminar en sanciones como la suspensión en funciones por máximo de 30 días hasta la cesantía. Precisó que caerá la responsabilidad a todos los que tengan vinculación directa con la omisión del protocolo y que pueda probarse.

Respecto de la médica en particular, precisó que "es una persona dependiente del Ministerio de Salud, ella ha ido a un lugar que no está permitido", y que eso ha sido argumentado en la denuncia penal y el sumario administrativo. Aclaró que a la profesional no se le puede suprimir la matricula pero sí inhabilitarla para que no ejerza durante determinado plazo.

Lorenzo expresó, sobre los delitos que se puedan aplicar al accionar de la médica, que hay que hacer un distingo entre los artículos 202 del Código Penal contra la Salud Pública o 205, y que conforme a las pruebas puede tener responsabilidad en uno o ambos.

 

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