El nuevo protocolo de aborto no punible publicado el viernes pasado en Boletín Oficial incluye varios cambios, en relación al anterior de 2015. El Ministerio de Salud de la Nación, Ginés González García, actualizó la guía que fija lineamientos para los equipos de salud para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
La noticia no fue bien vista por los sectores opositores que encuentran varios errores en la publicación del mismo. En la iglesia católica de San Juan publicaron en su página oficial un comunicado que se titula: Un protocolo ilegal viciado de errores, abriendo una vez más la puerta a la polémica.
En tanto que las autoridades nacionales se pronunciaron de la siguiente manera el día de su lanzamiento: “El nuevo protocolo tiene cambios lógicos, respecto del publicado en 2015. Porque, en ese tiempo, pasamos a tener un nuevo escenario con el Código Civil y Comercial. Y también se actualizó la evidencia científica”, explicó Mariana Romero, investigadora de Conicet que participó en la elaboración de las distintas guías.
Contrariamente, del lado de la iglesia local dicen que en el protocolo “hay tantas contradicciones y apuros en un tema tan delicado y controversial, que no dejan de sorprendernos y preocuparnos”.
La primera crítica que lanzan es al Ejecutivo nacional. Dicen que “llama la atención la ligereza y obsesión por imponer vía administrativa aquello que no se logró por el camino de la democracia mediante la sanción de una ley. De hecho, son tan amplias las causales que en la práctica el Protocolo legaliza el aborto libre”.
Y agregan que “el Protocolo introduce cambios sustanciales al régimen legal del Aborto, modificando indebidamente, una ley de mayor jerarquía, como es el Código Penal Argentino”.
Luego, según ellos, dicen que hay “una interpretación tergiversada del Código penal”. En tanto que el ministro de Salud de Nación, sabiendo de esta discusión que se avecinaba, aclaró de antemano que “es salud pública, no tiene sentido convertirlo en un debate religioso o político".
Según la Iglesia de San Juan “El primer error en que incurre es llamar derecho a aquella conducta que la norma penal define como delito contra la vida de una persona (arts. 85 al 88 del Código Penal)”.
“El segundo error es de orden metajurídico. Cuando el legislador definió que el aborto es un delito contra la vida, está expresando que la vida humana inicial tiene el mismo valor que en cualquier otra etapa de su existencia”.
Luego incurren en un apartado de “ideología de género” al decir que “el tercer error consiste en sostener que el feto es parte del cuerpo de la madre y que se puede extirpar a simple pedido de aquella. Este argumento es insostenible a la luz de los datos científicos. La Biología, Genética y Embriología Clínica han demostrado que la vida humana comienza con la fecundación del óvulo que constituye una nueva realidad biológica, distinta de la materna y con un patrimonio cromosómico propio”.
Y luego versa sobre cuestiones netamente ideológicas al decir que “la muerte nunca es solución”. Y agregan que “nadie duda que la violación es un acto de extrema violencia que no solo deja marcas en el cuerpo sino también en la psiquis de la mujer. Tampoco caben dudas que sostener el embarazo producto de una violación, es una prueba difícil que requerirá de acompañamiento y comprensión. Pero la muerte nunca es una solución. El ultraje que implica la violación no habrá de solucionarse dando permiso para matar al hijo producto de la misma”.
Por último el comunicado dice que “finalmente entendemos que avanzar en materia de derechos, es el camino en sociedades democráticas como la nuestra. Pero la conquista de derechos que se materializa negando el principal derecho del otro, el derecho a la vida, pierde legitimidad. La vida es un fin en sí misma, nunca un medio, por eso toda vida es digna”.
¿Vos que pensas?