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SUSCRIBITEDesde 2001 está en vigencia el Registro de Deudores Alimentarios de la provincia donde la crisis económica del último año se ha visto reflejada en el aumento del incumplimiento. Un informe sobre la realidad de los morosos alimentarios en San Juan.
El 15 de enero de 2001 se promulgó la ley que habilitó la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos en San Juan. El mismo permitía al Poder Judicial contar en un solo lugar con los datos de aquellas personas que sea por el motivo que fuera, no cumplían con la cuota alimentaria y cuyo caso había llegado a la Justicia. Más de dos décadas después el incumplimiento sigue siendo uno de los temas que más litigiosidad produce en los fueros de Familia.
Para tener un conocimiento sobre el universo de los deudores de cuota alimentaria, en San Juan hasta el 31 de mayo se contaba con el registro de 427 personas y solo 9 bajas, de acuerdo a lo que informó Marcelo Pintos desde la Dirección de Control de Gestión y Calidad Judicial. De acuerdo a lo que establece la Ley N7072, aquellas personas que mantengan tres o más cuotas consecutivas o cinco (o más) cuotas alternadas de alimentos provisorios o definitivos pueden formar parte del registro, si así lo dictamina un juez de Familia.
“Es una de las medidas que podemos adoptar dentro del incumplimiento alimentario, pero no es la única”, explica la jueza Marianela López, titular del Primer Juzgado de Familia. Sucede que además de la incorporación al Registro, de oficio o a pedido de una de las partes, los magistrados pueden complementar la medida con la prohibición de la salida del país, no permitir el ingreso a establecimientos recreativos y/o deportivos e incluso ampliar el embargo de bienes.
Del total de más de 400 sanjuaninos dentro del Registro, Pintos detalla que solo una es mujer, y el resto hombres, pero no todos son los progenitores de los menores. La doctora López explica que en varios casos se avanza con el reclamo hacia abuelos y otros familiares del deudor, si es que éste no se encuentra en condiciones económicas de afrontar la deuda, ya que lo fundamental es priorizar el bienestar del menor. “Se les reclama a los abuelos paternos y en menor medida a los tíos, casi excepcionalmente. Muchas veces los abuelos paternos tienen jubilaciones o pensiones bajas, y citan a abuelos maternos para que colaboren”, afirma.
Si comparamos los últimos tres años, en el 2021 había 293 personas en el Registro. Para el 2022 se había incrementado el número a 376; mientras que el 2023 cerró con 390 personas deudoras. López explica que un factor de gran impacto en el incremento de los números es la situación económica.
Al respecto explica que en los últimos meses han registrado un incremento del 50% de incumplimiento. Pero eso no es todo. Una situación que también se está dando con frecuencia en los juzgados de familia es el pedido de aquellas personas que están regularizando la deuda y solicitan que se haga una reducción de la misma para poder afrontarla.
La magistrada explica que se han encontrado con casos donde por ejemplo el deudor tenía un 30% de sus haberes destinados al cumplimiento de la deuda, pero tras ser despedido, solicita que se reduzca ese porcentaje para poder hacer frente a la situación. “Al ser despedido, no tienen ingresos y piden que se reduzca el importe que debían abonar ya que el porcentaje establecido no lo pueden pagar. El impacto ha sido tremendo en este último año”, detalló.
Varias son las medidas que la Justicia puede tomar contra los deudores alimentarios que no regularizan su situación. Formar parte del Registro es una de ellas, pero hay otras que se tienen en cuenta conforme la ley.
La norma establece en el artículo 5 que “Todo contratista, proveedor o acreedor de honorarios profesionales con el Estado, previo a la efectivización del pago que corresponda, deberá acreditar su situación ante el Registro de Deudores Alimentarios. En caso de que el certificado arroje deuda alimentaria en mora, la repartición estatal contratante deberá retener el importe adeudado y depositarlo a la orden del Juzgado de la causa interviniente”. En el caso de personas jurídicas se contempla que la exigencia recaerá sobre directivos y representantes legales, quedando sobre ellos las decisiones a ejecutar con su empleado.
Además, el Poder Judicial le informa al EMICAR la incorporación al Registro, impidiendo que el deudor pueda sacar o renovar el carnet de conducir hasta no regularizar la situación. Pese a ello, la norma establece: “Sólo se admite como excepción para quien solicite la licencia de conductor para trabajar. En este caso, se otorgará por única vez y previa autorización del Juez que entiende en la causa, una licencia provisoria cuyo costo deberá ser solventado por el infractor, que caducará a los noventa (90) días de otorgada. En este período el/la deudor/a moroso/a debe regularizar su situación”.
Si el deudor es un empleado de la administración pública provincial o municipal, otra de las trabas las encontrará si aspira a obtener algunas de las líneas de crédito que ofrece la Caja de Acción Social, ya que o no será entregado o, por el contrario, se retendrá del préstamo el importe adeudado.
La figura de los deudores de cuota alimentaria volvió a la escena esta semana tras conocerse que un bloque de la Cámara de Diputados de San Juan había presentado un proyecto de ley para prohibir el ingreso de las personas que formaban parte del registro a casinos.
La presentación se realizó esta semana de la mano del legislador Juan de la Cruz Córdoba, presidente del bloque Producción y Trabajo, quien explicó en su momento que la iniciativa de la norma es proteger y cuidar la salud mental y física de los menores que quedan en el medio del conflicto judicial.
El documento será tratado en comisiones para su posterior tratamiento. Con esto se busca una mayor regulación y poder darle fin al flagelo que desde hace años no tiene fin, como es la mora alimentaria.