Este jueves, se registraron enfrentamientos entre la policía y mineros artesanales que llevaban a cabo una protesta en el centro de La Paz. El conflicto se produce en un contexto de creciente tensión social que afecta al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz.
Recrudece la protesta social en Bolivia, con duros enfrentamientos entre manifestantes y la policía
Uno de los sectores más duros contra el gobierno son los mineros bolivianos.
Las fuerzas policiales utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los mineros, quienes intentaron acceder a la plaza que alberga el Palacio de Gobierno. En respuesta, los mineros detonaron pequeñas cargas de dinamita en lo que representa la segunda semana de movilizaciones de diversos sectores.
Unos miles de mineros se congregaron en el centro de La Paz, demandando más áreas de trabajo y suministro de combustible, entre otras reivindicaciones. Con el paso de las horas, las consignas comenzaron a incluir peticiones de renuncia del presidente.
La ciudad ha quedado prácticamente aislada debido a los bloqueos y marchas. Antes de los mineros, los maestros rurales habían realizado una manifestación en el centro, exigiendo un aumento salarial.
Las protestas iniciaron con reclamos de campesinos que pedían la derogación de una ley que permitía hipotecar sus tierras. En respuesta a esta situación, la noche anterior, el presidente promulgó una norma que anuló dicha ley, pidiendo a los manifestantes que cesaran las movilizaciones.
Por su parte, la Central Obrera de Bolivia (COB), que inicialmente pedía un aumento de salarios, se unió al clamor por la renuncia del presidente, argumentando que no ha dado respuesta a la crisis económica que atraviesa el país.
También se han sumado a las protestas campesinos aymaras, conocidos como los Ponchos Rojos, que han bloqueado carreteras y realizaron una marcha masiva hacia la vecina ciudad de El Alto.
El gobierno ha señalado al expresidente Evo Morales como instigador de las protestas, con el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmando que se trata de un intento de desestabilización. Morales, a su vez, ha rechazado estas acusaciones, sosteniendo que la revuelta continuará hasta que se aborden las demandas sobre el combustible, la comida y la inflación.
La situación se ha agravado con una nueva orden de detención contra Morales, quien enfrenta acusaciones por presunto abuso de una menor durante su mandato, lo que ha llevado a sus seguidores a marchar desde Caracollo, a 190 kilómetros de La Paz.