Un empresario con fuerte presencia en San Juan ofreció pagar un millón de dólares para desvincularse de la causa Cuadernos

Dragonetti, un empresario de alto perfil en el mundo de la obra pública, tiene un extenso historial en la provincia. Bajo el sello Panedile construyó el Teatro del Bicentenario, la autopista sur de la Ruta 40 a Mendoza, las cloacas de Rawson, el camino del perilago, los diques Caracoles y Punta Negra y el tramo inicial del dique El Tambolar, contrato que fue rescindido hace pocos meses por decisión del gobernador Marcelo Orrego con aval de la Cámara de Diputados.

El empresario mantiene una relación de décadas con San Juan, marcada por episodios que aún se recuerdan. En los años 2000, cuando la provincia atravesaba una severa crisis económica y debía varios sueldos a sus empleados, Dragonetti llegó a ofrecer dinero de los fondos de los diques para auxiliar a la administración provincial, en un gesto que muchos calificaron como una negociación “de almacenero y vecino”. En ese contexto, encabezó incluso una marcha de obreros de la construcción con maquinaria pesada hasta la Casa de Gobierno para exigirle al entonces gobernador Alfredo Avelín el pago de salarios.

Su nombre también quedó asociado a disputas judiciales: el exgobernador Wbaldino Acosta lo demandó acusándolo de haberse quedado con unos 100 millones de pesos en certificados de obra de los diques, que según las autoridades no habían sido ejecutados.

En el expediente de los cuadernos, de acuerdo a La Nación, Dragonetti fue procesado por cohecho. Él admitió ante la Justicia que realizó pagos, aunque los definió como “aportes para el Partido Justicialista”, del cual fue dirigente. Aseguró que, como otros empresarios, se vio “obligado a cumplir con las exigencias dinerarias de Ernesto Clarens”, el financista señalado como intermediario para destrabar los pagos de certificaciones ante Vialidad Nacional.

Según consta en la nota publicada en el diario La Nación, el planteo de Dragonetti, al igual que el de los otros empresarios, no implica una confesión de culpabilidad. La figura legal que utilizarán –prevista en el Código Penal– busca una “reparación integral” que, de ser aceptada por el Tribunal Oral Federal 7, permitirá cerrar el caso sin juicio oral. Si el acuerdo es homologado, Dragonetti no solo evitará la condena sino que también quedará libre de los embargos millonarios que pesan sobre él.

En la nota de La Nación, además de Dragonetti, los empresarios son unos 40 y fueron convocados por los jueces del tribunal oral federal 7 Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. Hasta ahora trascendieron los montos que ofrecieron algunos empresarios:

- Armando Roberto Loson, de la empresa Grupo Albanesi, ofreció como reparación integral la suma de $181.236.691,18. Este monto se basa en el requerimiento fiscal de elevación a juicio, que estimaba entre $200.000 y $300.000 por cada uno de los diez hechos imputados (totalizando entre $2.000.000 y $3.000.000). Esa suma fue actualizada según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) por su defensa. Loson declaró ser inocente de los hechos que se le imputaron y no reconoció, al hacer su oferta, ninguna responsabilidad ni culpabilidad penal.

- Benjamín Gabriel Romero, de EMEPA, ofreció como monto de la reparación integral la suma de $510.298.166 (quinientos diez millones doscientos noventa y ocho mil ciento sesenta y seis pesos). Esta cifra corresponde al monto embargado a Romero de $100.000.000 (al confirmar su procesamiento el 20 de diciembre de 2018), actualizado por la Tasa Activa del Banco Nación.

Romero confesó como arrepentido el pago de coimas por USD 600.000 para que el gobierno de Cristina Kirchner le renovara la concesión de la explotación de la Hidrovía. Además dijo que entregaba alrededor de un 15% de los subsidios al exsecretario de Trasporte Ricardo Jaime, y un “retorno adicional” anual de 500.000 dólares para mantener la concesión de Ferrovías, que el gobierno kirchnerista amenazó con rescindir en 2018, pero nunca lo hizo.

En esta audiencia participará la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo antilavado de dinero del Estado y que se opondrá a esta solución, según dijeron fuentes oficiales a La Nación. También será de la partida la fiscal federal del caso Fabiana León.

La fiscalía no hizo pública su postura ante esta oferta, pero en otros casos se opuso. Fuentes de la acusación señalan que es indispensable su acuerdo para que esta propuesta sea aceptada. Sin embargo, los abogados defensores sostiene lo contrario. Entienden que en el artículo 59, inciso 6º del Código Penal no obliga al acuerdo de la fiscalía, sino que la aceptación de la reparación integral depende del tribunal.