Hay un clima de tensión innegable. El Ministerio de Gobierno y los empresarios del transporte público mantienen un contrapunto que puede impactar en el servicio de colectivos. El cruce más reciente se produjo entre la ministra de Gobierno, Laura Palma, y Ricardo Salvá, presidente de la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), sobre el futuro de las tarifas y los subsidios que reciben las empresas para compensar los costos operativos. ¿Las negociaciones tomaron un cariz político? Empezó a sonar el término "uñaquista" en referencia al empresariado.
Todo sucedió cuando Salvá, en una entrevista en Radio Sarmiento, afirmó que “no habrá aumentos en el boleto de colectivo hasta fin de año”, basado en las reuniones que habían mantenido con el Ejecutivo provincial. Sin embargo, pocas horas después, Palma calificó estas declaraciones como “imprudentes” y desmintió al empresario. “Es apresurado decir que no habrá aumentos. Los costos del servicio están sujetos a diversas variables, como el precio de los combustibles y los salarios, que pueden modificar la estructura de costos y obligar a revisar las tarifas”, señaló la funcionaria.
Este no es el primer encontronazo. Anteriormente, Salvá criticó duramente al secretario de Transporte, Marcelo Molina, a quien acusó de manejar el sector de manera "autoritaria". "He intentado muchas veces acercar propuestas para mejorar el servicio sin necesidad de más dinero, pero creo que se requiere más análisis y seriedad al abordar el tema", afirmó Salvá en Diario Huarpe. Además, señaló que el Gobierno dispuso el nuevo sistema de tarifas escolares "sin consultar a las empresas", lo que, según él, generó atrasos y complicaciones financieras para el sector.
Por su parte, Palma aclaró que el Ejecutivo ha incrementado el subsidio al transporte en mil millones de pesos, llevando el total a $3.200 millones, pero reconoció que las empresas habían solicitado un aumento de $1.600 millones. “Desde el Gobierno estamos pidiendo un esfuerzo conjunto a las empresas para mantener la estabilidad del servicio, incluso solicitamos que presenten nuevas unidades antes de fin de año”, subrayó la ministra.
El conflicto tomó un cariz político. Desde el Ministerio de Gobierno, en off, insinuaron que los empresarios del transporte mantienen una relación cercana con el exgobernador Sergio Uñac, algo que Salvá negó categóricamente. "No somos uñaquistas, siempre hemos trabajado con el Gobierno de turno y ahora estamos dispuestos a colaborar con Orrego para que le vaya bien", respondió el empresario, rechazando cualquier alineamiento partidario.
La situación se complica aún más por las negociaciones salariales entre las empresas y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que exige la aplicación, en San Juan, del acuerdo paritario alcanzado a nivel nacional. El secretario General de la UTA en la provincia, Héctor Maldonado, advirtió sobre posibles medidas de fuerza si no se respeta el nuevo salario mínimo de $1.060.000 acordado en otras regiones. "Estamos al borde de una retención de servicios si no se avanza en las negociaciones", declaró Maldonado.
Salvá, por su parte, criticó la postura del gremio y aseguró que las empresas están "entre la espada y la pared", con un sindicato que no negocia localmente y un Gobierno que no satisface sus demandas financieras. "Necesitamos $3.800 millones para cubrir los costos, pero el Gobierno solo está dispuesto a aportar $2.800 millones. Esta diferencia nos está poniendo en una situación insostenible", sentenció el empresario.
