Ley de Proveedores Mineros: el orreguismo y el bloquismo mueven fichas para unificar proyectos

El proceso tuvo un primer movimiento en marzo, cuando el Partido Bloquista se adelantó y presentó una iniciativa propia para regular la actividad de los proveedores mineros en la provincia. Semanas después, el gobernador Marcelo Orrego incluyó el tema dentro de sus prioridades para 2026 durante su discurso anual, lo que terminó de ordenar la agenda política en torno a la norma.

En ese contexto, se concretó una reunión de trabajo entre el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, y diputados tanto del interbloque oficialista como del Bloque Bloquista. El objetivo fue claro: analizar ambos proyectos y buscar puntos en común para avanzar en una ley unificada.

Durante el encuentro se pusieron sobre la mesa los principales lineamientos de la propuesta que elabora el oficialismo, al tiempo que se discutieron aspectos del proyecto ya presentado por el bloquismo. Según trascendió, existen importantes coincidencias entre ambas iniciativas.

Entre los puntos de acuerdo aparecen el impulso de un sistema de metas de referencia , en lugar de cupos rígidos, la prioridad territorial para favorecer a departamentos mineros, la implementación de planes de desarrollo de proveedores y definiciones claras sobre proveedores y mano de obra local.

También hubo acercamientos en torno a herramientas impulsadas por el bloquismo, como la creación de un registro moderno de proveedores, con acceso electrónico y mayor trazabilidad, pensado para identificar, certificar y fortalecer a las empresas sanjuaninas que participan en la actividad.

La principal diferencia, por ahora, pasa por los porcentajes: mientras el proyecto bloquista propone un cupo del 70% de contratación local, el oficialismo plantea un 60%. Sin embargo, ese punto no aparece como un obstáculo insalvable en el marco de las negociaciones.

La iniciativa bloquista, presentada a mediados de marzo, establece además que las empresas mineras deberán presentar planes obligatorios de empleo local y desarrollo de proveedores, sujetos a control estatal. Como metas de referencia, fija objetivos de hasta 80% de empleo local y hasta 70% de contratación de bienes y servicios con proveedores certificados de la provincia.

El texto también incorpora criterios de prioridad territorial, una regla de comparabilidad de precios para favorecer a empresas locales cuando sean competitivas, y la creación de espacios permanentes de diálogo entre el Estado, las operadoras mineras, proveedores y municipios.

A su vez, prevé mecanismos de control como declaraciones juradas periódicas, auditorías y un régimen de sanciones ante incumplimientos. En cuanto a la implementación, contempla una transición para garantizar la continuidad del Registro Único de Proveedores de Empresas Mineras (RUPEM) mientras se migra hacia el nuevo sistema.