Final feliz para la puja por el terreno del IPV en una zona paradisíaca que tenía en vilo a 60 familias

Durante la sesión, el legislador fundamentó el cambio de estrategia legal explicando que, tras intensas gestiones con el intendente Rodolfo Jalife y la directora del IPV, Elina Peralta, se optó por un trabajo conjunto coordinado también por la Secretaría General de la Gobernación. Al argumentar sobre el nuevo acuerdo, Quiroga Moyano señaló: "Se ha logrado un convenio de colaboración, un acuerdo que se ha firmado recientemente y este convenio está compuesto por 7 cláusulas en donde cada uno de ellos va especificando los trabajos y responsabilidades que tienen que hacer por parte del municipio de 25 de Mayo y el IPV. Dentro de esto está el relevamiento obvio que se tiene que hacer en conjunto entre municipio e instituto, el instituto se compromete también a tener los trámites necesarios de la escrituración de cada una de las familias, el relevamiento que tiene que hacer conjuntamente con el municipio para ver las familias que viven allí, para tener primero su titularidad o su condición de tenencia, para próximamente trabajar con su escritura".

Este avance pone fin al dilema que se venía exponiendo con preocupación, cuando se conoció que la falta de dominio territorial es un nudo legal que impide el progreso de la zona. El legislador había advertido que, aunque el municipio ya proveía servicios de agua, luz y ripio, se encontraba imposibilitado de realizar inversiones mayores como la pavimentación definitiva, dado que el inmueble seguía bajo la órbita del IPV. Según contó el diputado antes de obtener el acuerdo, el origen del problema se remonta a una expropiación realizada hace más de cuatro décadas para un proyecto habitacional que nunca se concretó, lo que derivó en una ocupación progresiva y descontrolada por parte de familias que, en muchos casos, llevan más de diez años residiendo en el lugar.

El legislador también había detallado las responsabilidades que asumirá el gobierno local en este nuevo marco normativo, indicando que "el municipio se compromete dentro de las cláusulas terceras con los trabajos de urbanización o continuar con los trabajos de urbanización de los terrenos en cuestión y así todo lo relativo a cada uno de los servicios que tiene que seguir cumpliendo como pavimentación de dicha calle. Yo creo que este convenio tiene su tiempo de plazo máximo hasta 2 años a partir de la firma de la misma". Con este esquema, se busca regularizar la situación de unas 60 familias, entre las que se encuentran trabajadores de la viña, docentes y policías, quienes finalmente podrán obtener la certeza de su propiedad.

El horizonte para los residentes ahora incluye un proceso de relevamiento y adjudicación de tenencia precaria, para luego avanzar hacia la escrituración individual o general a través de la Escribanía Mayor de Gobierno. De esta manera, se resuelve una situación que el propio Quiroga Moyano había calificado anteriormente como un retraso con posibles tintes políticos, transformándolo en un esfuerzo institucional coordinado para cumplir uno de los objetivos más esperados por la comunidad de Tupelí.