El representante de los abogados penalistas, picante: del rechazo a la Ley Penal Juvenil al ¿palito para la Fiscalía General?

Entre los logros que destacó de la entidad, señaló que en poco tiempo consiguieron hacerse escuchar y llevar las necesidades de los penalistas sobre la mesa de decisiones. Contó que fue un colega de Córdoba el que dio la idea de la creación de ASAP, dado que en esa provincia se estaban organizando, y así nació la asociación.

"Descubrimos que en el ámbito penal teníamos una serie de inconvenientes, sobre todo con lo que era el sistema anterior (Inquisitivo), la burocracia, la morosidad, por ahí en malos tratos y entonces, si encarábamos el tema individualmente, era más difícil. Por eso nos unimos", recordó quien aseguró que la mayor victoria fue el reconocimiento.

En ese marco, señaló que el primero en reconocerlos fue Eduardo Quattropani. "Fue el primero que nos reconoció como institución, nos invitó, tuvimos sendas reuniones en su despacho", manifestó al mismo tiempo que admitió que no siempre fue una relación de lisa y llana tranquilidad. "A pesar de que el Ministerio Público es con quien más peleamos en las audiencias, por cuestiones naturales, porque nuestro ejercicio profesional más dominante son las defensas, siempre tuvimos una relación aceitada, algunas veces de fricción, pero fue quien nos abrió las puertas desde un principio", remarcó.

No obstante, ese vínculo cotidiano se habría perdido con la Fiscalía General, a partir de la asunción de Guillermo Baigorrí. Es que, acorde detalló, en los cuatro meses que lleva de gestión, aún no convocó a los abogados penalistas para intercambiar opiniones. "Ahora, el Ministerio Público cambió de titular y no hemos tenido ninguna reunión ni hemos sido convocados en absoluto, es decir, que ha cambiado un poco ese vínculo que teníamos", sostuvo y agregó: "Siempre estamos dispuestos al diálogo, pero la no convocatoria es un gesto, si se lo analiza desde lo político".

Por el contrario, con la Corte de Justicia indicó que ASAP tiene un contacto más cercano. "Tenemos una relación muy buena y con el doctor Olivares Yapur también tenemos una excelente comunicación", afirmó el penalista de renombre. Al nuevo presidente del máximo organismo, anticipó que hay cuestiones a plantear cuando se sienten a dialogar. "Vamos a plantear que las denuncias que los hombres hacen en el CAVIG no son recibidas. Esto es algo muy reciente, así que estamos esperando que nos traigan los antecedentes para plantearlo", aseguró.

Si bien la queja sería ante la órbita de la fiscalía, Castro se lamentó no haber sido convocado por Baigorrí hasta el momento, por lo que explicó que la acción ante la Corte tendría algún tipo de efecto. "No olvidemos que, en la estructura actual del sistema, el Ministerio Público Fiscal sigue formando parte de la Corte, es decir, hay una dependencia administrativa y una dependencia también económica y operativa", describió.

Sobre los primeros meses de Baigorrí al frente del MPF, el entrevistado vio con buenos ojos las primeras medidas, incluso, confesó que en sus aspiraciones de ser el Fiscal General -puesto que también se postuló para el cargo, aunque no resultó ternado- tenía en carpeta acciones similares a las que ordenó el reemplazante de Jimmy.

"Estoy totalmente de acuerdo con el cierre de la USA (Unidad de Soluciones Alternativas), me parece bien porque, en realidad, se estaba desperdiciando energía humana y conocimiento que podía ser optimizado, ya que las opciones alternativas se dan en el transcurso del proceso sin necesidad de hacer una derivación", explicó.

Además, dijo estar de acuerdo con la eliminación de los intermediarios entre la cúpula y los fiscales. "Antes había una especie de filtro intermedio, pero los fiscales son designados por el Consejo por la Magistratura, por la Legislatura, son mandatos constitucionales y tienen autonomía funcional", declaró en referencia a la decisión de Baigorrí de despedir a los supervisores de las unidades fiscales, como Rolando Lozano y Fernando Rahmé Quattropani, que debieron dar un paso al costado porque no serían tenidos en cuenta en la nueva gestión.

Consultado sobre la implementación de la nueva Ley Penal Juvenil, Castro no titubeó al rechazarla por completo. "Para mí es una ley inconstitucional", sentenció. En ese sentido, amplió: "Y no se trata de una postura ideológica, yo tengo motivos jurídicos". A su vez, continuó: "Va en contra de las observaciones generales que hace el Comité de los Derechos del Niño. En uno de los puntos, insta a los estados parte a no modificar las edades mínimas y más de imputabilidad, porque eso sería atentar contra el artículo 41 de la Convención, que establece el principio de no regreso".

Sobre esto último, detalló: "Un estado parte que ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño puede consagrar mejores derechos que los previstos, no peores". Para cerrar su idea, mencionó el resultado de un informe que advierte la contradicción del Ejecutivo Nacional al impulsar este tipo de legislaciones. "En el último informe de la Secretaría de Seguridad de la Nación, se dice que, dentro del universo general delictivo, el impacto de los delitos cometidos por los menores no supera el 1%. No se entiende la baja de la imputabilidad, en ese escenario", aseveró.

Frente al discurso de "atadura de manos" de parte de la Policía ante las conductas delictivas de menores, Castro negó que ello fuera cierto. "Está instalado acá y tiene un trasfondo ideológico, porque cuando se está pidiendo que se amplíe el universo punitivo, que se agraven las penas, se tiende a la represión", afirmó sin miedo al error.

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