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SUSCRIBITELa propuesta incluyó una recomposición salarial para docentes, más fondos para funcionamiento y hospitales universitarios. Los rectores la consideraron razonable, pero rechazaron una condición clave.
El conflicto por el financiamiento universitario sigue abierto pese a la oferta de aumento presentada por el Gobierno nacional.
El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo. Aunque ambas partes estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo por el financiamiento del sistema universitario, la negociación terminó frustrándose por una condición que los rectores consideraron inaceptable: retirar la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
La propuesta fue presentada durante una reunión reservada entre funcionarios nacionales y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en medio de la tensión que dejó la última Marcha Federal Universitaria realizada semanas atrás.
Según informó TN y confirmaron fuentes de ambos sectores, el Ejecutivo ofreció una recomposición salarial del 24,3% para docentes universitarios, además de incrementos en distintas partidas presupuestarias.
El aumento salarial contemplaría la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde parte de 2024, durante 2025 y los primeros meses de 2026. El esquema prevé un pago del 21,3% en junio y otro 3% en octubre.
Además, se propuso retomar las negociaciones paritarias cada tres meses mediante una comisión técnica específica.
La propuesta oficial no se limitó a los salarios.
Entre los puntos planteados por el Ejecutivo también aparecen:
A eso se suma la discusión pendiente sobre la distribución de una partida superior a $79.000 millones destinada a hospitales universitarios, cuyo congelamiento había generado fuertes reclamos por parte de las instituciones educativas.
Las universidades advirtieron en los últimos meses que la falta de actualización presupuestaria podía afectar la atención médica en esos centros asistenciales.
Pese a que los rectores calificaron la propuesta económica como "razonable", el entendimiento se rompió cuando el Gobierno condicionó el acuerdo al retiro de la demanda judicial presentada por las universidades.
Esa acción judicial busca que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, que establece mecanismos de actualización para salarios y becas en función de la inflación.
Según estimaciones del sector universitario, la aplicación plena de esa norma implicaría recursos por alrededor de $2,5 billones.
Desde la Casa Rosada sostienen que ese nivel de gasto resulta incompatible con la política de equilibrio fiscal impulsada por la administración nacional.
Desde las universidades fueron categóricos.
"No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación", señalaron fuentes universitarias consultadas por TN respecto de la posibilidad de retirar la demanda.
Para los rectores, la presentación judicial funciona como una garantía institucional para asegurar el cumplimiento de los compromisos presupuestarios y salariales.
Además, consideran que la oferta presentada por el Gobierno demuestra que existen recursos disponibles para avanzar en una solución al conflicto.
"Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos", afirmaron desde el sector universitario, que mantiene expectativas de retomar las conversaciones durante los próximos días.
Mientras tanto, desde el Gobierno apuntaron contra la conducción del Consejo Interuniversitario Nacional y sostuvieron que la negativa a ceder en el plano judicial dificulta cualquier salida negociada.
Así, pese al acercamiento registrado en materia presupuestaria, el conflicto entre Nación y las universidades públicas permanece sin resolución.
Por ahora, ambas partes coinciden en un punto: si quieren evitar una nueva escalada de tensión, alguien deberá ceder en la negociación.
FUENTE: TN
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