Cuál sería el costo fiscal de suspender retenciones al agro y a la carne

La necesidad de dólares es crítica, no solo para evitar sobresaltos cambiarios en el corto plazo sino también para afrontar en 2026 vencimientos de deuda por unos US$9.000 millones. La normativa fija un tope de US$7.000 millones para el registro de declaraciones juradas de exportación o hasta el último día de octubre, "lo que ocurra primero".

El Elevado Impacto Fiscal: Más Allá de las Cuentas Inmediatas

Si bien la medida busca generar una "mayor oferta de dólares ahora", el costo para las arcas públicas es significativo. Las retenciones habían aportado $5,8 billones al fisco en los primeros ocho meses del año.

El costo fiscal de la suspensión es un punto central de preocupación:

• Estimación General: El costo fiscal de la medida se estima en el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI). De este total, el 0,14% impactará directamente en el ejercicio de 2025.
• Estimaciones de Consultoras: El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calculó que el costo fiscal directo para 2025 sería del 0,15% del PBI, equivalente a aproximadamente US$1000 millones. En la misma línea, la consultora Equilibra consideró que la quita de las retenciones alcanzaría los US$950 millones en lo que resta del año.

La eliminación de las retenciones no solo compromete los ingresos fiscales inmediatos, sino que se llevará casi la mitad del superávit financiero previsto para este año. Los analistas advierten que esta cesión de ingresos complicará inevitablemente el resultado fiscal, a menos que se profundice el ajuste por otras vías. Este impacto fiscal, sumado a otros gastos imprevistos (como fondos para universidades, el Hospital Garrahan y programas de discapacidad), aumenta la necesidad de aplicar mayores recortes en otras áreas.

Opiniones de Analistas y las Consecuencias a Corto Plazo

Diversos expertos y figuras políticas han sopesado los efectos de la suspensión de retenciones:

• La Crítica de Florencio Randazzo (Diputado Nacional): El legislador cuestionó la medida, calificándola de "electoralista" y sin proyección productiva, y argumentó que representa una contradicción con el discurso oficial de ajuste fiscal. Randazzo estimó un impacto fiscal aún mayor, de 2.000 millones de dólares, y preguntó si el gobierno tenía recursos para esto, pero no para jubilados o el Hospital Garrahan. Además, señaló que el beneficio solo favorece a quienes retuvieron el cereal, pues los pequeños y medianos productores "ya liquidaron".
• La Perspectiva de Javier Preciado Patiño (Consultor Especializado): Preciado Patiño estimó que el stock de soja y maíz restante por vender (hasta marzo) asciende a entre US$8.000 y US$8.500 millones. Sin embargo, el consultor advirtió que no todo se venderá en octubre. Esto se debe a que los productores están evaluando si el precio ofrecido ahora es mejor que el que recibirían si el dólar subiera significativamente (ej. por encima de los $1800) después de las elecciones.
• Advertencias de Equilibra y Efectos Post-Electorales: Los analistas de Equilibra y otros especialistas enumeraron posibles efectos: si bien habrá mayor oferta de dólares ahora, habrá menor oferta después de las elecciones. Esto implica un menor tipo de cambio hoy (o menor pérdida de reservas del BCRA), pero un mayor tipo de cambio post-elecciones. También pronosticaron una probable aceleración transitoria de la inflación debido al mayor precio en pesos de los productos sin retenciones.
• Los Efectos Indirectos Positivos (IARAF): El IARAF señaló dos efectos indirectos que podrían mitigar la pérdida de recaudación inmediata: un aumento en la base imponible del Impuesto a las Ganancias y una mayor renta para los productores. El Instituto indica que parte de esa renta disponible se destina a consumo e inversión, lo que debería generar nuevos ingresos fiscales por impuestos como el IVA y Ganancias.

El Cumplimiento de Metas con el FMI se Vuelve Más Difícil

La pérdida de recaudación se produce en un momento delicado para las cuentas públicas y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Existe una creciente probabilidad de que el Gobierno incumpla los compromisos pactados con el FMI. La meta oficial de acumular US$8.000 millones en reservas este año no se alcanzó. Si bien el FMI otorgó un waiver (perdón) en julio, elevó la exigencia de superávit fiscal para 2026 al 1,6% del PBI.

Con los nuevos gastos (incluyendo la eliminación de retenciones), el cumplimiento de estas metas luce cada vez más difícil, poniendo mayor presión sobre la política económica y el frágil entendimiento con el organismo internacional. El Presupuesto presentado en septiembre ya había ajustado las proyecciones a un superávit primario de 1,5% y apenas 0,3% en el financiero.