Tras el fallo en Chaco que suspendió el aborto legal, ¿podría pasar lo mismo en San Juan?

Todo comenzó cuando la jueza Marta Aucar, del Juzgado 19 de Chaco, decidió "hacer lugar a la medida cautelar peticionada" por un grupo conservador y resolvió "disponer la suspensión de la aplicación de la ley" de aborto en el territorio de esa provincia. Esta no es la primera vez que sucede un evento de esas características, tras la aprobación de la legislación. En Salta, la Justicia Federal recibió un pedido para suspender la vigencia de la ley. Sin embargo, el juez Julio Leonardo Bavio habilitó la feria judicial para rechazar un recurso colectivo interpuesto por una ex senadora nacional. 

Una de las profesionales consultadas, la Dra. Guadalupe Illanes, consideró que hay posibilidad que ese hecho se repita en San Juan, siempre que haya alguna persona lo solicite y que la Justicia local le de lugar. "Puede pasar que alguien pida la suspensión de la vigencia de la ley y que la autoridad judicial la acepte o la rechace. En realidad es una lotería", sostuvo. 

Encolumnada en las filas de los pañuelos verdes, Illanes comparó los casos de Salta y Chaco y las diferentes acciones que tomaron en la justicia y aseguró que el fallo de la magistrado es un disparate. "Hay un marco jurídico que respalda a la ley, no puede venir un funcionario sin competencia y querer imponer su pensamiento. Es una barbaridad garrafal lo que sucedió. La jueza no tuvo en cuenta la paridad de competencia", expresó. 

Para Illanes, existen diversos tratados internacionales desde 1994 que sustentan a la ley sancionada por ambas cámaras del Congreso. "La mujer tiene derecho a elegir. La ley está bien hecha y respaldada en la Constitucionalidad del Derecho Privado. Por el contrario, no hay regulaciones sobre el niño por nacer que se interponga", detalló. 

La medida cautelar que fue aceptada en la justicia Civil chaqueña no aplicaría en todos los casos, según destacó Illanes, sino en un hecho puntual por el que se haya hecho la presentación. "Lo que debería suceder es que la Provincia (Chaco) fundamente en contra porque está fuera de Derecho", señaló. 

En ese aspecto y pese a la postura provida del gobernado chaqueño, desde la administración de Jorge Capitanich manifestaron: “La ley de interrupción voluntaria del embarazo es una ley sancionada por los representantes del pueblo. Desde el gobierno provincial, vamos a seguir impulsando este derecho para proteger a las mujeres y personas gestantes”. 

En la misma sintonía, la otra penalista consultada por el diario, Romina Vargas Chirino, destacó que aunque su pensamiento y filosofía son parte del sector provida, las leyes deben ser respetadas "aunque uno no concuerde con ellas".

Para la letrada y desde su opinión personal, la ley resulta inconstitucional porque viola pactos internacionales que protegen la vida del niño. "Lo que sí se puede hacer es plantear con otra ley, como lo hizo el diputado nacional Marcelo Orrego. En ese caso sí habría paridad de competencia", aclaró. 

Sobre el interrogante que se presenta y una posible réplica en la provincia del mismo hecho, para Vargas Chirino sí cabe la posibilidad. "Creo que sí puede pasar, que alguien presente y un juez le de lugar al recurso", agregó. 

Del mismo modo en que lo manifestó Illanes, para la abogada de pañuelo celeste, cada evento judicial como el pedido de una medida cautelar que frene la aplicación de la IVE debería ser en casos puntuales. 

Por fuera del ámbito judicial, Vargas Chirino resaltó la renuncia de la ex directora del Hospital Marcial Quiroga, como una conducta consecuente y como un antecedente, aunque sea administrativo, como un ejemplo. "Son antecedentes importantes, de que la objeción de conciencia es clave", cerró.