Preocupación en San Juan por las pensiones nacionales por invalidez laboral

Desde ayer, cuando se publicó la resolución en el Boletín Oficial, se han multiplicado las consultas en el Ministerio de Desarrollo Humano. Según explicó el titular de la Dirección para Personas con Discapacidad local, Gastón Díaz, estuvieron en las últimas horas en contacto con funcionarios nacionales y les aseguraron que es una mera “reorganización de datos”.

“Esta situación de pensiones  preocupa y también estoy preocupado por el incumplimiento de Incluir Salud, por la falta de financiamiento para la Ley de Cheques y porque en general la discapacidad está atravesando un momento más de exclusión que de inclusión de las políticas del Gobierno Nacional”, expresó Díaz.

El funcionario uñaquista puntualizó que preocupa la situación porque se dan 10 días para cumplimentar documentación una vez notificados los beneficiarios y “esos 10 días muy difícilmente puedan completar los requisitos, porque en la mayoría de los casos  se necesita alguna certificación médica, y hasta que se saque el turno y se dé el diagnóstico el plazo es muy acotado, además, ANSES desde el momento que notifica hasta que se dé el turno no sé si da en 10 días”.

En San Juan no se conoce el número exacto de beneficiarios de esta pensión, que implica un pago mensual de unos 5.800 pesos promedio, dijo el funcionario. “Nosotros pedimos ese dato a la oficina nacional y no nos han contestado. Se ha modificado la cifra considerablemente en los últimos tiempos pero son miles”, aseguró Díaz.

En la provincia hay 27.700 personas con certificados de discapacidad, pero en el caso de la pensión en cuestión se trata de la incapacidad que es un concepto asociado pero diferente, que tiene que ver con lo laboral. Díaz dijo que no conocen los números oficiales porque  Nación omite información.

Números que alarman

Sí hay números que grafican la situación de las pensiones por discapacidad en general en San Juan: en el primer semestre se suspendieron 1828 y en el segundo semestre  ya van por 750, según la información que manejan en la Dirección local. La suspensión de estos casi 2300 casos no es la quita del beneficio, aunque conlleva ese riesgo, sino que se paraliza el pago –que a veces constituye el único ingreso estable del beneficiario, apuntó Díaz- hasta que se complete documentación requerida por Nación.  

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, explicó Díaz, vienen implementando un plan de contención desde mayo del año pasado, cuando se empezaron a ver las primeras suspensiones, que consiste en la cobertura de casos especiales de medicamentos o elementos ortopédicos de gente que tiene el beneficio suspendido.

Por otro lado, desde la Dirección local presentaron un pedido de 2.000 pensiones por discapacidad que, según Díaz, “nos aseguran en Nación que se han dado de alta pero a nosotros no nos consta y nos siguen llegando los reclamos de la gente”.