La Corte Suprema ordenó apurar el juicio por encubrimiento

La Corte envió un escrito dirigido a la presidenta de Casación, Ana María Figueroa, donde solicita mayor celeridad y destaca la relevancia institucional de la causa.

Puntualmente, la Corte pidió que a través de Casación se informe al Tribunal Oral Federal 2 el estado actual de la causa por el encubrimiento y que precise qué fecha comenzará el debate oral contra Menem, Galeano y otros, se explicó mediante el Centro de Información Judicial (CIJ).

La "relevancia de esta causa", dijo la Corte, "obliga a exhortar a ese tribunal a que adopte con la mayor celeridad todas las medidas para el inicio del juicio oral y publico que nos ocupa".

Aunque recién se conoció hoy a través del CIJ, el planteo no lo hicieron los ministros del máximo tribunal sino que la nota fue firmada el 20 de marzo pasado por Alfredo Kraut, secretario General de Gestión de la Corte.

El 1 de marzo pasado, cuando se inauguraron las sesiones ordinarias en el Congreso, la presidenta Cristina Fernández exigió saber qué pasaba con la investigación por el atentado a la embajada de Israel y se quejó de las demoras en el juicio oral por el encubrimiento en la causa AMIA.

Incluso, recordó que la Corte decidió que se iniciara primero el juicio oral por la tragedia de Once -donde está acusado el ex secretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime- antes que la investigación por el encubrimiento a la voladura de la AMIA.

Y que cuando Memoria Activa le hizo llegar sus quejas por esa demora, ella misma les explicó que iban a decir que no podía hacer nada porque iban a decir que quería demorar el juicio por lo sucedido con los 51 muertos en la estación de Once.

El Tribunal Oral Federal 2, que hoy sustancia ese debate, deberá llevar adelante el proceso donde se ventilarán todas las irregularidades cometidas durante la instrucción de la causa por la voladura de la mutual judía.

La investigación -a cargo de Galeano- logró detener en los primeros días del hecho al ex reducidor de autos Carlos Telleldín, a quien se llegó por los datos del motor del coche-bomba.

Pero a punto de cumplirse dos años de la masacre, Telleldín le contó a Galeano en una declaración que la camioneta se la habían llevado policías bonaerenses que lo extorsionaban para dejarlo "operar" con negocios turbios.

Aquella declaración judicial -que derivó en la detención de los policías- fue producto de un pago "espurio e ilegal" de 400 mil dólares de la SIDE a Telleldín, negociados con el mismo juzgado de Galeano, según se determinó en un juicio oral que se sustanció entre 2001 y 2004 y terminó con la absolución los policías acusados y del propio Telleldín.

En el juicio también se ventiló que ante sospechas sobre una "pista siria" en la masacre hubo llamados desde la Casa Rosada para frenar un allanamiento a una familia allegada a Menem.

Los procesados son Telleldín, Galeano y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex presidente Menem, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, y ex policías federales, como Jorge "Fino" Palacios, entre otros.

Hay otros delitos denunciados, como el haber "apretado" a imputados o testigos para dar una versión en el expediente contra los eventuales sospechosos.

En diciembre pasado la Cámara Federal ordenó al juez Ariel Lijo, quien sustanció la causa conocida como AMIA II, que profundizara la investigación contra secretarios del juzgado de Galeano y el ex ministro del Interior menemista Carlos Corach.