La tormenta más inesperada

Acá y en todos lados, un fiscal es el que defiende el interés de la gente. Puede hacerlo de varias maneras: ser la voz en un juicio -para lo que funciona el Ministerio Público ocupando un lugar en los juicios penales, esos que los yanquis decoran llamando “el pueblo de los EEUU vs. algún violador/criminal”- o puede ser una fiscalía encargada de defender el patrimonio público –como la Fiscalía de Estado sanjuanina-, o puede ser alguna otra fiscalía especial, por ejemplo anticorrupción. De esas que nuestro país desecha porque parece que hay poco trabajo.
Tamaño detalle semántico está inscripto en el ADN de la nueva batalla de Tribunales, que por si hacía falta, acaba de sumarse al menú que desde hace un tiempo ofrece la casa: el de los fiscales contra los abogados, que parece tener hilo en el carretel como para quedarse un rato.
El episodio nació de carambola, pero generó un estruendo gigante en el palacio judicial y promete nuevos capítulos, seguramente redoblando la apuesta. El rebote consiste justamente en esa palabra que encendió la mecha, “fiscales”, inscripta accidental o decididamente –allí está el asunto- en la solicitada que circuló el fin de semana el Foro de Abogados y que repite ahora por este mismo medio.
Dice el párrafo en cuestión que hay “una bochornosa complicación de magistrados, fiscales y órganos judiciales en sonados casos de corrupción”. Y ardió Troya, porque los fiscales de la justicia provincial, encabezados por Eduardo Quattropani, se sintieron aludidos y reaccionaron sin demoras con una denuncia penal.
Lo que siguió en la semana fue un poco más de sal y pimienta, pero ninguno reculó. Hubo una ebullición inmediata, con todo tipo de chicanas, recién apagada cuando Marianela López –la presidenta del Foro- entregó una interpretación semántica con la que no quiso hacer concesiones: a los finos lectores les supuso una audaz ironía que López señalara sin señalar, es decir insinuara que se había referido al ex fiscal de Estado –claramente comprometido, y hasta detenido en el escándalo de expropiaciones- sin proclamarlo ni aparecer retrocediendo. ¿Respuesta de género a lo que consideraron un embate del mismo tipo de Quattropani cuando recordó a López estar en el mundillo judicial “y no en una peluquería”?
La cuestión se fue empantanando en el entredicho, pero dejó mucha tela para cortar de ambos lados. Primero, que pudo entenderse con comodidad como de una caligrafía complicada a la solicitada: ¿qué les costaba aclarar de arranque a qué se referían, especialmente conociendo que la palabra “fiscales” a secas puede involucrar a mucha otra gente?
Tan cierto como que esa frágil caligrafía abrió la puerta del escándalo, es que el fiscal Quattropani pareció haberla estado esperando con cuchillo y tenedor. Y el cortocircuito fue un desparramo de miserias, no del todo desechable porque dejó moralejas sobre el funcionamiento de cada uno, ahora que el término “institucional” está tan de moda.
El Foro de Abogados es una entidad creada en 1972 y recibió de arranque un paquete explosivo: la regulación de la matrícula, ni más ni menos que habilitar a trabajar a un profesional, también suspenderlo. Desde entonces se convirtió en una claro objetivo político: tiene hoy unos 4.500 matriculados, de los cuales se mantienen activos unos 2.500 que pagan su matrícula para poder litigar.
De allí que el foro sea hoy la voz de los abogados de la provincia, que no son pocos ni sin influencias. Y de allí que haya sido bien sonoro lo que no dijo, además de lo que sí dijo. Sí, hay involucrados jueces –Marún, Macchi-, fiscales –Mario Díaz- y organismos –Fiscalía de Estado, Tribunal de Tasaciones- en la bomba de tiempo que es el escándalo de la expropiaciones. Pero también es cierto que nada de eso hubiera sido posible, en el caso en que se verifique un delito, sin el concurso de abogados. Liso y llano, sin más jinetas: el detenido Santiago Graffigna o el prófugo Horacio Alday.
Y el Foro es la entidad encargada de aplicar sanciones sobre la matrícula, una acción de necesidad tan evidente que su ausencia causó asombro. Tanto, como que esa coparticipación profesional no haya aparecido en la repartija de responsabilidades que hizo la entidad para concluir en el estado terminal del servicio de justicia.
El Foro no inició de oficio ninguna investigación sobre la conducta de los abogados, mucho menos los sancionó. Argumentan que no lo hizo porque no hay sentencias firmes en su contra, pero está claro que si hiciera falta esperar a que eso ocurra, no se sancionaría nadie. Pesan sobre los involucrados sospechas y denuncias pesadas, como el hecho de haber engañado a clientes. Y nada.
Hay quienes sostienen que aún queriendo, a Graffigna y a Alday ya no los podrían sancionar, y lo sostienen en una norma que establece que sólo se puede hacer en el término de un año de cometido el hecho. Lo concreto es que el foro sanjuanino es uno de los únicos en su especie sin Código de Ética en el país, y que necesita un mecanismo ejemplicador para poder dar señales luego a la sociedad. En este microclima de pase de facturas cruzado, no faltaron los que recordaron la expulsión del vice Conrado Suárez Jofré por oponerse a que Norberto Baistrocchi –el fallecido abogado de Fiscalía de Estado sobre quien recayeron las primeras sospechas en el escándalo- fuera el representante del Foro en la Federación.
Otro latigazo que Quattropani dedicó a Marianela López fue sostener que “perdió la conducción”. Coincide con cierto run run orientado en los cafés de Tribunales sembrando incertidumbre sobre quiénes estuvieron detrás de la asamblea de la entidad que ordenó y redactó la solicitada. En off, identifican a dos ex funcionarios radicales –los ex ministros Aracena y Yanello- o a los abogados Adriana Pandiella o Daniel Vila, éste último antecesor de López. Los mismos comentarios no privaron de sacarle más punta al conflicto: señalaron a algunos miembros de la mesa chica por haber condenado la injerencia política en la designación de jueces, pero a la vez marchar a calle Paula para pedir la bendición.
En medio del escándalo, los abogados decidieron no recular y hasta tratar con desprecio para capacidad de razonamiento de Quattropani por ese manejo de la palabra “fiscal”. Pudieron hacerla corta: considerar nula la denuncia presentada por el jefe de los fiscales porque fue radicada ante un fiscal penal, abarcado por la denuncia que habla de “fiscales” envueltos en el bochorno, y eso involucra a todos los integrantes del Ministerio Público y por lo tanto no pueden intervenir. Pero prefirieron no apagar el fuego, más bien ponerle alguna leña.
El que Eduardo Quattropani fue en algún tiempo presidente del Foro, el mismo cargo que ocupa quien apunta ahora con sus críticas. Y sus movimientos en este episodio también desparramaron material para el comentario.
Está muy bien que haya saltado en cumplimiento de sus funciones, plantando una denuncia ante la posible comisión de un delito como el señalado por el Foro en su solicitada el domingo pasado. Se tomó apenas unas horas para presentar el escrito el mismo lunes a la mañana, en el que exigió a López que entregue los nombres de los fiscales que considera envueltos en el bochorno.
Hasta acá, todo bien, pero lo que es una imposición legal –la obligación de un funcionario de denunciar un presunto delito del que se tome conocimiento- parece ser un criterio a la carta. Todavía está sin ser judicializada la denuncia periodística aparecida en Tiempo de San Juan sobre un presunto acto de acoso del que habría sido víctima la mujer violada por el Loco del sifón, nada menos que por parte de un empleado judicial, y en el palacio de Tribunales. Eso no mereció una denuncia de oficio y sigue sin llegar a un juez. Misterio.
Y si llegara, estas denuncias ante jueces al estilo de que “alguien diga lo que sabe”, no tienen demasiado éxito sino que cumple más bien la función de paraguas. La prueba está en un caso idéntico: el juez Macchi pronunció su célebre frase “la cadena de pago se rompió en algún lado”, el fiscal Guillermo De Sanctis hizo la denuncia, el fiscal Alejandro Mattar requirió, este periodista –autor de la entrevista- declaró, los jueces Carlos Macchi y Roberto Pagés también lo hicieron, ¿y qué pasó?
Respuesta: absolutamente nada. En este país, el único que da nombres es este impresentable de Leo Fariña, y encima después dice que es mentira.