Una joven estudiante de Santa Lucía bajo sospecha por otro caso de pornografía infantil

Como en otros casos, esta investigación se disparó a partir de un reporte de la red internacional de Misssing Children que detectó estas actividades sospechosas en el sistema almacenamiento virtual de la cuenta de una mujer sanjuanina de Santa Lucía. Esos informes fueron enviados a la provincia el 5 de agosto último y la Unidad Fiscal de Investigaciones del centro ANIVI inició las pesquisas para confirmar la identidad de la sospechosa y su domicilio real.

Esas averiguaciones permitieron constatar que la mujer señalada era una chica de 21 años, identificada como Ayelén Vidal, según fuentes judiciales. Con las primeras confirmaciones, el ayudante fiscal Mario Quiroga y la fiscal Valentina Bucciarelli pidieron el allanamiento a la jueza de garantías María Gema Guerrero, quien dispuso el procedimiento. Si bien no detuvieron a la joven, secuestraron una notebook y su celular para llevarlos a pericias.

Detectaron que en su cuenta tenía 17 videos y en esas imágenes se ve a niños pequeños, de entre 3 y 9 años, que son abusados sexualmente.

Este martes volvieron a verle la cara a la chica, pero en Tribunales. El ayudante fiscal Quiroga y la fiscal Bucciarelli pidieron formalmente la apertura de la investigación contra la estudiante y la imputación por el delito de tenencia agravada de pornografía infantil. Es que no se constató que produjera o distribuyera esos materiales, pero sí que los almacenara en la “nube” de su cuenta personal, revelaron fuentes judiciales.

El primer informe hace sospechar que recibió y bajó esos 17 videos y después lo guardó en su “nube”. En esas imágenes se ven a niños de entre 3 y 9 años que son víctimas de abusos sexuales, revelaron los investigadores.

Su abogado defensor sostuvo que no es ella quien tuvo acceso a esos materiales y que fue otra persona la que estuvo usando su cuenta. Todo eso ahora será investigado, mientras tanto la chica es la única imputada. La juez María Gema Guerrero dispuso la investigación penal preparatoria por el plazo de 6 meses, en una causa que puede acabar en una condena de entre 5 meses a 1 año y 4 meses de prisión.