Tras no pagar, fijaron fecha de audiencia contra los dueños de Branka Motors: ¿irán?

Los acusados fueron formalmente citados y deberán comparecer ante la Justicia, aunque por el momento continúan en libertad, una situación que genera inquietud tanto en los damnificados como en los representantes legales de las víctimas.

Incumplimiento y creciente tensión

El caso viene escalando en conflicto desde hace semanas. Todo se remonta al acuerdo de reparación integral que se había alcanzado tras las audiencias realizadas a mediados de abril, donde se estableció un esquema de pagos en cinco cuotas para compensar a 358 personas afectadas por una presunta maniobra de estafa vinculada a la venta de motos.

El primer vencimiento estaba fijado para el 25 de abril, con un monto cercano a los 104 millones de pesos. Sin embargo, ese pago nunca se concretó. Con el correr de los días, el incumplimiento comenzó a generar preocupación y sospechas entre los denunciantes, que esperaban comenzar a recuperar parte de sus ahorros.

Desde la parte querellante advirtieron que la falta de pago podría hacer caer el acuerdo judicial y hasta encuadrarse en un escenario de “inseguridad jurídica”. Incluso, deslizaron el temor de que los acusados pudieran haberse profugado, aunque esa hipótesis no fue confirmada oficialmente.

El malestar creció aún más el lunes 4 de mayo, cuando un grupo de damnificados se congregó en la puerta de Tribunales para exigir respuestas. En ese contexto, los abogados querellantes mantuvieron una audiencia con el fiscal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, Guillermo Heredia, y solicitaron formalmente que se dicte la detención inmediata de los sospechosos.

La audiencia, un punto clave

El planteo de las querellas se basa en que, al no haberse cumplido el compromiso asumido, se habrían quebrado las condiciones que permitieron a los imputados transitar el proceso en libertad. Además, señalaron que con el paso de los días se perdió contacto tanto con los acusados como con su entorno cercano, lo que refuerza la preocupación por un posible riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.

Por su parte, desde la defensa intentaron justificar el incumplimiento aludiendo a supuestos problemas con los fondos, que estarían “trabados”, una explicación que fue considerada insuficiente por las querellas.

Mientras tanto, desde el Ministerio Público Fiscal se había indicado previamente que existía un margen de hasta 30 días desde la sentencia para cumplir con el pago, lo que extendería el plazo hasta el 14 de mayo. No obstante, esa interpretación es rechazada por los abogados de las víctimas, quienes sostienen que las fechas estaban claramente establecidas.