Sigue el escándalo por los alquileres en La Granja y agravaron la imputación a la supervisora y al exdirector

Los cuatro implicados en este caso iniciado en agosto 2022 en la Unidad Fiscal de Delitos Especiales son Miguel Jofré, Mario Sanz, Sandra Vilanova y Daniel Samat. El fiscal Francisco Micheltorena junto a los ayudantes fiscales César Recio y Adrián Elizondo los investigan por los supuestos negocios que hacían con el cobro de alquiler de la cancha de césped de La Granja entre 2019 y 2021.

El que los denunció fue Walter Vicentela, quien en septiembre de 2021 asumió la dirección del CEF Nº20 y detectó las presuntas irregularidades. La sospecha es que cobraban, entre 700 y 2200 pesos por hora, revelaron fuentes judiciales, y aparentemente ese dinero era usado en provecho propio. Se habló de que podrían haber recaudado 5 millones de pesos.

Los implicados y sus defensores insisten en que no hubo ningún ilícito, que era una costumbre alquilar la cancha para reunir fondos destinados al mantenimiento del predio. Para la UFI de Delitos Especiales esa explicación no es convincente, o al menos no hay documentación que la acredita, y por eso los tienen en la mira.

Inicialmente, los más complicados eran Jofré, que cumplía funciones de exsubirector del CEF en ese periodo, y Mario Sanz, el presidente de la cooperadora en esos años. Al primero le imputaron los presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público. A Sanz le achacaron participación necesaria.

En el caso de la supervisora de área Sandra Vilanova y al exdirector Daniel Samat –que ya se estaba jubilando- quedaron sospechados del delito de falta a los deberes de funcionario público. Esto porque, se suponía, debían controlar lo que sucedía en el establecimiento y no lo hicieron, además que estaban al tanto de las presuntas irregularidades desde 2021 y recién iniciaron un sumario tras la denuncia penal en 2022.

En función a elementos que surgieron de la investigación preliminar, surgieron indicios que podrían comprometer aún más a estos dos últimos. Fue por eso que este miércoles, el Ministerio Público Fiscal pidió la ampliación de la investigación penal preparatoria y a la vez solicitaron agravar las imputaciones contra Vilanova y Samat.

La jueza de garantías Gema Guerrero finalmente amplió el plazo de la investigación a 7 meses e imputó a la supervisora de participación necesaria en el presunto delito de peculado y abuso de autoridad. Con respecto al exdirector, hizo al lugar para que lo investiguen por esos mismos delitos, pero como posible coautor.