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La investigación penal que se inició por el alquiler ilegal de la cancha de hockey sobre césped de La Granja tiene en la mira a cuatro directivos y ex directivos del Centro de Educación Física N°20, quienes están acusados de haber sacado provecho de un bien del Estado para obtener un rédito económico, el cual ascendería los 5 millones de pesos.
Es que si bien la instrucción de la causa está dando sus primeros pasos, fuentes judiciales le comentaron a Tiempo de San Juan que las irregularidades se registraron desde 2019 hasta inicios de 2022 y, durante esos años, los imputados habrían recaudado la exorbitante cifra, a razón de 700 y 2.200 pesos por hora de alquiler.
Acorde detallaron las fuentes tribunalicias, el predio era alquilado todos los días de la semana: de lunes a viernes, la disponibilidad era de 15 a 23 horas; mientras que los fines de semana, de 9 a 18 horas. Es decir que en una semana entera, cuando la hora costaba 700 pesos, la recaudación se aproximaba a los 40 mil pesos.
Tomando el desglose de marzo de 2019 a modo de referencia, el alquiler de la cancha durante los 31 días del mes fue de unos 180 mil pesos, aproximadamente; si es que se logró un alquiler completo del predio. Ahora bien, ese monto pudo repetirse hasta diciembre, por lo que ese año habría alcanzado el $1.800.00. No obstante, se trata de meras especulaciones, ya que se desconoce si existe un registro formal de esos manejos de dinero.
Teniendo en cuenta la poca actividad deportiva que hubo en 2020 y 2021 por la pandemia, la posible recaudación por el alquiler ilegal de la cancha se redujo sólo a 6 meses. En este punto es importante aclarar que el valor por hora subió a 2.200 pesos y es por ello que las cifras se triplican, a comparación con las primeras. En total, sumando lo del 2019 y la mitad del 2021, se llega a un número que supera los 5 millones de pesos.
Allegados a la causa que tiene como sospechosos al actual vicedirector, Miguel Jofré; a la Supervisora de Área, Carmen Villanova; el exdirector ahora jubilado (estuvo entre 2019 al 2021) Daniel Samat y el expresidente de la Cooperadora, Mario Sanz, señalaron que por el momento no hay precisiones sobre cuánto habría sido el dinero que se recaudó en total y, por ello, se espera que la investigación avance para conocer el destino de ese dinero, el cual resulta incierto por el momento.
Aún si los fondos hubieran ido a parar a reparaciones de las instalaciones del CEF Nº20, la obtención de los mismos se hizo de manera ilegal puesto que no había ningún tipo de autorización para lucrar con un bien del Estado, como lo es la cancha de césped sintético, según señalaron fuentes calificadas. Es que ni el Ministerio de Educación ni la Secretaría de Deportes habían dado el visto bueno para que ello ocurriera.
Es por eso que desde el Ministerio Público, a través del fiscal Francisco Micheltorena y del ayudante fiscal César Recio, se intenta establecer las responsabilidades para encuadrar los delitos en juego. En primer lugar, el principal acusado, el dirigente deportivo de alto perfil y funcionario de Deportes, está sospechado de peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En calidad de partícipe necesario, quien está en la mira por los mismos delitos es Sanz.
Por su parte, Villanova y Samat están bajo la lupa por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes como funcionarios públicos, puesto que habrían estado en conocimiento de la maniobra y, en tal caso, no deberían haber permitido que ello sucediera.
Acorde lo señala el Código Penal, por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, el Artículo 248 prevé un castigo de prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo. Mientras que el Artículo 261, supone para la malversación de caudales públicos una pena de reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua.