En marzo de este año se conoció que recayó una denuncia por desvío de fondos contra algunos directivos del Centro de Educación Física N°20 (C.E.F. N°20), más conocida como ‘La Granja’ , predio ubicado en Santa Lucía. Tras meses de investigación, miembros de la fiscalía N°4 de Delitos Especiales a cargo de Francisco Micheltorena y César Recio realizaron la audiencia de formalización contra 4 directivos y exdirectivos, que están ahora bajo la mira de la justicia por cometer 2 delitos penales.
Los que están en el ojo de la tormenta son el actual vicedirector del C.E.F. N°20, Miguel Jofré; la Supervisora de Área, Carmen Villanova; el exdirector ahora jubilado (estuvo entre 2019 al 2021) Daniel Samat y el expresidente de la Cooperadora de ‘La Granja’, Mario Sanz. Todos están siendo investigados preventivamente por los delitos de abuso a la autoridad (Artículo 261 del Código Penal) y falta a los deberes de funcionario público (Artículo 248 del Código Penal). Cabe destacar que Mario Sanz no es funcionario, razón por la cual se lo investiga en calidad de partícipe necesario.
Según informaron desde la fiscalía, la investigación comenzó por el presunto accionar ilícito llevado a cabo por el vicedirector del C.E.F. N°20 cuando era regente de la institución en el periodo 2019 al 2021. Se lo acusa de alquilar la cancha de hockey sobre césped en provecho propio. Alquilaba por hora, después de terminada la jornada educativa, incluidos los fines de semana.
Para poder darle credibilidad a sus actos, Miguel Jofré usaba de pantalla a la Cooperadora de ‘La Granja’, la que no tiene autorización alguna para alquilar, tampoco del Ministerio de Educación, ni de la Secretaría de Deportes de la provincia, explicaron las fuentes de la justicia.
Según la fiscalía, era tal la organización de este hombre que aparentemente personas se encargaban de la planificación de turnos y del cobro de los alquileres, ya que tenían una gran demanda.
El Ministerio Público Fiscal aclaró que estas canchas están destinadas para el uso exclusivo de los alumnos que pertenecen al C.E.F. N°20 para la práctica educacional. Como así también tiene fines de políticas públicas recreativas por un convenio existente con Deportes, actividades que se hacen de forma gratuita. Está totalmente prohibido lucrar con este predio de forma particular, ni la cooperadora está autorizada.
Estos fundamentos fueron dados a conocer a la jueza de Garantías María Gema Guerrero y la magistrada finalmente resolvió dar un plazo de 8 meses de la Investigación Penal Preparatoria, e imputar a estas cuatro personas preventivamente por los supuestos delitos de abuso a la autoridad y falta a los deberes de funcionario público. Todos quedaron en libertad.
