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Investigación

Quedan presos el jefe sindical de textiles y el dueño de una empresa constructora por las denuncias de fraude

Hipólito Roberto Vega (63) quedó en la mira de 9 hechos por estafa en perjuicio de los denunciantes del Barrio Gremio Textil II. Mientras que Francisco Fernández Muñoz (43) por 13 hechos en perjuicio del proyecto Barrio Nogales VII. Los dos se defendieron y a pesar de que son proyectos diferentes, ambos le echan la culpa a Aciar, el tercero que también está involucrado y que ahora se encuentra prófugo.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Tras una maratónica audiencia, duro cinco horas, el jefe sindical de la Unión Obrera Textil, Hipólito Roberto Vega y el dueño de la empresa constructora Afcom SRL, Francisco Fernández Muñoz, quedaron imputados por el delito de estafas reiteradas y serán investigados en la cárcel. La jueza Celia Maldonado le dictó la prisión preventiva por el plazo de 20 días y se cumplirá en las comisarías dónde están alojados. La magistrada se adhirió al pedido de la fiscalía que le había solicitado por 6 meses. Las abogados defensores de los acusados requirieron que queden en libertad o en su consideración, en sus domicilios.

Ambos hablaron en la audiencia y fueron claros en decir que ellos actuaron en regla y para el bien de la gente y los afiliados -en el caso del sindicalista Vega-. Como así también los dos le echaron la culpa al tercero que estaría implicado en este presunto megafraude, se trata de Miguel Aciar que ahora mismo se encuentra en calidad de prófugo y es intensamente buscado por pedido del fiscal Duilio Ejarque de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

El fiscal y la ayudante fiscal Berbari expresaron ante la jueza, en al menos cuatro horas, todas las pruebas que tenían hasta el momento para señalar que estas dos personas estarían implicadas en el delito de estafa. Cada uno está implicado en dos proyectos diferentes. El empresario Fernández en el Nogales VII que hasta el momento tiene 13 denuncias formales; y Vega por el barrio Textil II, que tiene 9 denuncias.

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En ambos casos, el fiscal dejó en claro que ninguno de los dos proyectos estaba con el “ok” para realizarse, es decir, que estas personas presuntamente vendieron terrenos fuera de regla y ellos sabiendo que las personas que los compren iban a tenerlo en algún futuro. La ayudante fiscal Berbari explicó que para hacer un proyecto en regla debes cumplir siete ítems, en estos dos casos solo estaba el primero.

Los abogados defensores, César Jofré (Vega) y Guidet Montilla (por parte de Fernández), expresaron que ellos no tienen problemas de llegar a una solución de conflicto si es que se prueba que sus clientes son responsables de esta supuesta maniobra fraudulenta. El mismo César Jofré dio a conocer una "carta" donde Vega intima a la empresa D.G.A. en que cumpla con las obligaciones ya que se encontraban "en mora". Con respecto a la conciliación expresó: "Si hubo perjuicio, Vega está para pagar. Él iba a ir a Buenos Aires para hablar con sus superiores e informar la situación para ver si había una salida, pero antes quedó detenido". Y aseguró: "La que falló fue la empresa constructora".

"Lamentablemente no está Aciar (el prófugo) el que debe dar a luz todo". "Lamentablemente no está Aciar (el prófugo) el que debe dar a luz todo".

El caso Nogales VII donde hay 13 denuncias radis

Este “proyecto” inició en 2019 y estaba ubicado por calle San Mcadaiguel en el departamento Pocito y según la propaganda contaba con 105 lotes de 300m2. La titular de este lugar tuvo contacto con los dueños de la empresa constructora Afcom S.R.L, Francisco Fernández y Miguel Aciar (prófugo). Estos compraron este lugar con la promesa que la propietaria iba a recibir 3 lotes, tres casas unifamiliares y otro lote de 200m2 en otro barrio. Ese era el trato, algo que después la fiscalía dejó en claro que nunca se efectivizó.

A pesar de que no tenían los papeles aprobados y sin los planos de mensura, estas personas están señaladas de comercializar los lotes y a los interesados les decían que había posibilidades que el IPV lo financie.

En todas las denuncias que fueron radicadas hasta ahora, los contratos que se firmaban en una escribanía con uno de los dueños de la empresa presentes (ya sea Aciar o Fernández), tenía como pautas un pago en efectivo y después un plan de pago de hasta 60 cuotas.

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Durante años nunca hubo avances en la obra, menos en la urbanización o la mensura. Todo era una mentira. Ante ese contexto la empresa dijo que tuvo un problema con la municipalidad. Aquí es donde aparece el fraude del fraude, porque a los compradores les dicen que los terrenos iban a ser de 400m2 (no de 300m2 como a un inicio) y que tenían que pagar la diferencia. Todos los hicieron y nada pasó, siempre con excusas diferentes ya sean burocráticos por OSSE, la pandemia y hasta le echaron la culpa a la dueña del terreno, diciendo que había tenido problemas con la entrega del terreno.

Por ahora son 13 las denuncias radicadas, pero la fiscalía no sabe si los 105 terrenos se vendieron. Es decir, que hay posibilidades de que haya más personas damnificadas.

En medio de esas supuestas falsas promesas, la empresa Afcom ya no era parte de esto, sino que la empresa D.G.A. (de Aciar y un tal Guiñazu) quedaban al frente de este proyecto. Hay algo particular en esta empresa, porque los damnificados denunciaron que tuvo diferentes domicilios y que el último fue en calle 9 de Julio en Capital, pero que después desapareció. No tenía un domicilio fijo, ante la consulta de Tiempo de San Juan a los investigadores, estos dijeron que se convirtió en una empresa fantasma.

Las partes dieron a conocer en detalle las denuncias radicadas. Primero dieron a conocer los montos que eran por el terreno de 300m2 y después, la diferencia que debieron abonar para pagar por los terrenos de 400m2.

Las 9 denuncias del Barrio Textil II

En este proyecto está señalado Hipólito Roberto Vega y supuestamente se trataba de un proyecto de 115 carpetas que se iban a repartir entre los afiliados del sindicato Textil, la empresa D.G.A. y el IPV (Instituto Provincia de la Provincia).

En este caso hay 9 denuncias, pero podría haber más damnificados ya que una mujer se presentó como la presidenta de la Agrupación Textil y dijo que habría unos 43 damnificados más.

Los montos en este caso son más altos, ya que este proyecto se lanzó en julio de 2023. El dinero que los denunciantes pagaron fue: $1.950.000, $4.000.000, $500.000, $5.500.000, $3.200.000, $1.400.000, entre otros.

Un dato no menor, el dueño del terreno -donde se iba a hacer el proyecto- nunca recibió dinero u otro tipo de arreglos a cambio.

Las palabras de Marcelo Yornet, el ex interventor del IPV, por este proyecto

Sobre este caso en particular, la fiscalía le tomó declaración a Yornet y le preguntó por el proyecto B° Textil II, a lo que este respondió que no estaba presentado el proyecto y que recordaba que estaba en tratativas iniciales.

Aclarando que no recuerda que la empresa D.G.A. era la constructora responsable, sino otra. Dejando otra vez en claro que el IPV nunca lo aprobó.

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Lucas Alfonso González, el imputado.

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