A casi 40 días del inicio formal de la causa por la presunta megaestafa con la venta de lotes, ya se acumularon más de 300 denuncias de familias damnificadas y el escándalo crece, de acuerdo a altas fuentes judiciales y las víctimas. Otro dato que surgió a partir de las presentaciones judiciales es que los barrios privados en donde hay problemas con las escrituras son ocho y el perjuicio podría alcanzar los 2.700 millones de pesos, según estimaciones.
Presunta megaestafa con lotes: más de 300 denuncias, 8 barrios y un perjuicio que ascendería a los $2.700 millones
La presunta estafa con la venta de lotes que tiene a dos empresarios presos y a la mujer de uno de ellos como imputados, acumuló más de 300 denuncias con un perjuicio que llegaría a los $2.700 millones.
Esto complica a los empresarios Héctor Andrés Storniolo y Juan Mauricio Gallerano, detenidos desde el 31 de octubre pasado. La otra sospechosa es Patricia Alejandra Nacif, la esposa del primero de los acusados, quien goza de libertad y que, al igual que los otros, se encuentra imputada de los delitos de estafas reiteradas.
La cantidad de nuevas denuncias hunde más a los empresarios. Y es que la imputación inicial se basó en las denuncias de 25 familias de los loteos Tierras de Don Rogelio, Tierras del Sur, Vistas del Sur y Las Acacias Blancas, y un perjuicio económico de 255 millones de pesos. Sin embargo, la situación de los principales imputados se agravará desde el momento en que el fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Milena Barberi, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, pidan ampliar el objeto de investigación en función a las centenares de denuncias recibidas en el último mes. Esa audiencia podría realizarse en los próximos días.
Storniolo, Nacif y Gallerano dirigían empresas inmobiliarias que, desde el 2017, vendieron lotes en futuros de barrios privados a precios de entre los 6 mil y los 12 mil dólares. Prometían entregar los terrenos en un plazo de 6 a 18 meses, con la escrituración de las propiedades y la provisión de servicios básicos para que empezaran a construir. En algunos casos acordaban levantarles las casas.
Los plazos se vencieron y los empresarios no les proveyeron de los servicios y tampoco les legalizaron las propiedades de esos lotes a las familias. El problema principal fue que los propietarios originales de esas propiedades no se los transfirieron a las firmas inmobiliarias ahora cuestionadas, justamente porque éstas incumplieron los contratos con ellos.
Esto no se destrabó y empezaron los reclamos de los compradores, que duraron años hasta que estalló el escándalo en la Justicia. Hoy las familias damnificadas temen perder todo el dinero que pagaron por esos lotes y las inversiones que realizaron en las obras, dado que en algunos casos comenzaron a construir y otros ya tienen levantadas sus casas.
Hasta el 2 de noviembre último, fecha en que se formalizó la causa, se hablaba únicamente de 25 denuncias y de sólo 4 complejos habitacionales. La situación ahora es otra, con 310 denuncias –para ser exacto- de familias damnificadas de un total de 8 loteos o barrios privados, confirmaron fuentes judiciales y los propios denunciantes.
El perjuicio también es inmensamente mayor a los 255 millones que se dijo al principio. Si se toma un valor promedio de 9 mil dólares por cada lote y se lo multiplica sólo por 300 damnificados, el daño económico ascendería a los 2.700 millones de pesos.
Esto da dimensión de lo que sería esta megaestafa. Mientras tanto, Storniolo y Gallerano continúan detenidos y aguardan la audiencia de impugnación para que sus abogados planteen revisar la prisión preventiva. En cambio, el fiscal Gallastegui y la ayudante fiscal Barberi analizan por estos días una por una las 310 denuncias para ampliar formalmente la investigación en la causa por más estafas.