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martes 12 de mayo de 2026

Judiciales

Le devolverán $9.000.000 a la empleada judicial que compró muebles por Instagram y nunca le llegaron

El caso se formalizó el pasado noviembre de 2025. Tras meses de investigación, los socios oriundos de Berazategui se harán responsables de la deuda y la cancelarán en tres cuotas.

Por Redacción Tiempo de San Juan

En una audiencia celebrada este lunes en Tribunales, se alcanzó un acuerdo de reparación económica que pone fin a una millonaria estafa virtual cuya víctima fue Mariana Inés Echegaray Moya, una empleada del Poder Judicial de San Juan. Los imputados, responsables de una supuesta empresa de mobiliario, deberán abonar la suma de 9 millones de pesos para resarcir el daño causado.

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La víctima arriba a la izquierda. A la derecha la sala de audiencia. Abajo los dos imputados.

La cronología del hecho se remonta al año 2024, cuando Echegaray Moya contactó a través de la red social Instagram a una cuenta dedicada a la venta de artículos para el hogar. Tras entablar una negociación por mensajería privada, la damnificada realizó transferencias bancarias por un total aproximado de 6 millones de pesos.

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Juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi

Sin embargo, tras el pago, los muebles nunca llegaron. La víctima intentó infructuosamente obtener respuestas. Envió múltiples cartas documento que nunca fueron contestadas e inició acciones en defensa al consumidor en Buenos Aires.

La investigación, encabezada por el fiscal Duilio Ejarque, logró identificar a los titulares de la firma: Liliana Cecilia Ivancichi y Brian Javier Amoruso, ambos con domicilio en la localidad bonaerense de Berazategui.

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Fiscal Duilio Ejarque

Durante la audiencia de formalización, presidida por el juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi, los acusados comparecieron mediante la plataforma Zoom. Mientras Amoruso optó por el silencio, Ivancichi declaró que su intención no fue estafar, sino que sufrieron "demoras en los envíos" y alegó que las cartas documento fueron "tiradas por los carteros".

Pese a los descargos, la defensa oficial, a cargo de Sandra Leveque, acordó una salida alternativa para evitar una condena mayor, basada en la reparación integral del perjuicio.

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Defensora oficial Sandra Leveque y su ayudante.

El acuerdo estipula que los imputados deberán pagar un total de $9.000.000 (contemplando el capital original de 6 millones más una actualización por daños y demoras). El esquema de pago quedó definido de la siguiente manera: durante el mes de mayo pagarán la primera cuota, en junio la segunda y en julio la última.

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