La trama judicial detrás de la disputa por una casa: denuncias cruzadas y un supuesto abuso sexual

El epicentro de este último debate se dio ante los planteos de los abogados querellantes, Daniel Humberto Jaime Ovalles y el doctor Reynoso, quienes representan a Jesús Fachinetti. Los letrados solicitaron la nulidad absoluta de los dictámenes fiscales de primera y segunda instancia que dispusieron el archivo de la causa penal contra los denunciados, pidiendo además el apartamiento inmediato de la fiscalía interviniente.

El origen: una tasación violenta y acusaciones de muerte

Según la reconstrucción del caso expuesta por la querella, el conflicto escaló a niveles extremos en mayo de 2025, cuando se presentaron peritos para tasar la vivienda en disputa. A partir de allí, según denunció Jesús Fachinetti, su hermana, I. F., junto a su esposo -de apellido Plaza- y un grupo de personas identificadas como "los metalúrgicos", habrían ingresado por la fuerza a la propiedad tras escalar y romper los accesos, configurando presuntamente el delito de robo por efracción y escalamiento.

Sin embargo, el episodio más grave relatado por la querella ocurrió en la vía pública. De acuerdo con la denuncia, I. F. habría atacado al vehículo del denunciante arrojando un ladrillo de "tres kilos", rompiendo la ventanilla para luego agredirlo físicamente en el rostro. Instantes después, su esposo habría aparecido por detrás a bordo de una camioneta para encerrarlo y cortarle el paso.

Para el abogado Jaime Ovalles, el trasfondo es económico y pasional: "Había odio, bronca, un dinero de 400 millones de pesos en juego y una clara intención de quererme quitar la vida", sostuvo, argumentando que por las características del ataque la causa debió ser investigada bajo la carátula de tentativa de homicidio agravado y no meramente como lesiones. Asimismo, la querella arremetió contra la Unidad Fiscal de Flagrancia, acusándola de "no hacer su trabajo" y de haber actuado bajo amenazas de detención hacia el propio abogado. "El matrimonio F.-Plaza es muy peligroso, tienen un sinfín de falsas denuncias", fustigó la defensa de Jesús Fachinetti.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal representado por la fiscal Daniela Pringles, la ayudante fiscal Paula Amarfil y el auxiliar Rodrigo Herrera, defendió férreamente los motivos que llevaron al archivo de las actuaciones. Desde el órgano acusador se expuso que el legajo fue trabajado con rigurosidad desde el "momento cero". Explicaron que a la parte denunciante se le notificó formalmente la posibilidad de resolver el conflicto mediante una salida alternativa, pero esta alternativa fue tajantemente rechazada.

Para la Fiscalía, la estrategia de la querella nunca estuvo orientada a solucionar el conflicto de fondo o evitar el desgaste del proceso judicial, sino que "siempre buscó complejizar la causa" persiguiendo de forma exclusiva la aplicación de una condena penal.

Tras escuchar los encendidos argumentos, el juez de Garantías, Guillermo Adárvez, resolvió rechazar por completo todos los pedidos formulados por los abogados Jaime Ovalles y Reynoso. El magistrado entendió que las resoluciones fiscales de archivo se encontraban debidamente fundadas conforme a derecho y alineadas con las pautas de política criminal vigentes en la provincia, descartando de plano cualquier invalidez o nulidad.

No obstante, el dictamen del juez incluyó un llamado de atención técnico para la querella. Adárvez instó a los letrados a revisar su estrategia y les recordó que, al estar los plazos legales vigentes, tienen la herramienta jurídica de la conversión de la acción penal (que permite al particular sostener la acusación de forma privada cuando el fiscal desiste).

En términos llanos, el magistrado les recriminó el estar perdiendo el tiempo discutiendo invalideces formales en lugar de "tomar el guante" que dejó la Fiscalía y avanzar de forma autónoma; dejando en claro que el tribunal está disponible si deciden encauzar el reclamo por las vías procesales correctas.

El trasfondo más oscuro: la denuncia por abuso sexual

Detrás de este choque de propiedad y agresiones físicas subyace un elemento aún más escabroso que divide a los profesionales intervinientes. En paralelo a la causa por el inmueble, la parte denunciada -el matrimonio Fachinetti-Plaza- radicó una gravísima denuncia penal ante la UFI CAVIG (Centro de Abordaje de Violencia de Género e Intrafamiliar).

En dicha presentación, la esposa del imputado acusó directamente al abogado querellante, Daniel Humberto Jaime Ovalles, por un presunto delito de abuso sexual. Mientras Jaime Ovalles afirma que se trata de otra de las tantas "falsas denuncias" que utiliza el matrimonio como estrategia de coacción en la interna familiar, la causa en el sistema especializado de CAVIG avanza de forma independiente y se encuentra en plena etapa de investigación para determinar la veracidad de los hechos. Una trama judicial cruzada por el dinero, los vínculos de sangre rotos y acusaciones cruzadas de máxima gravedad.